¿Será el calor?

Nos habíamos desacostumbrado a un calor tan insufrible que hasta parece nos pasma para pensar adecuadamente.

Ese aturdimiento es quizás lo que explique “dos de las noticias importantes de la semana”. Por un lado, que el congresista Américo Gonza haya propuesto que quienes tengan cursados tres años de una carrera profesional puedan ser graduados por la universidad como técnicos. Ni el estudiante universitario más desprevenido y urgido podría pensar que una norma que le otorgue un cartón que lo volviera, digamos “medio médico”, pudiese generarle mejores oportunidades en la vida.

Achaquémosle también al infernal calor por qué el gobernador de Junín quiere invitar al dictador Nicolás Maduro, principal responsable de que más de cinco millones de sus connacionales hayan tenido que huir de su país perseguidos por el hambre, a la conmemoración del bicentenario de la Batalla de Junín.

Saliendo de lo folclórico, pasemos a lo alarmante: la frivolidad con la que se sigue enfrentando la violencia que nos agobia.

Dada la evidente urgencia de tener penales de alta seguridad, varios congresistas, incluido su presidente, promueven que se reabra El Frontón y la Colonia Penal del Sepa. ¿No saben acaso que en la isla solo quedan ruinas de un antiguo penal y que construir uno nuevo y abastecerlo de todo luego por mar es irracionalmente oneroso? ¿O que “el Sepa” se creó en los años 50 del siglo pasado como una prisión sin muros para resocializar presos que ya “corregidos” colonizaran esas por entonces aisladas tierras que ahora, 70 años después, no están lejanas de lugares donde ya el narcotráfico sentó sus reales?

Cabe, más bien, exigirle al Congreso legislar sobre la urgencia de cambiar las reglas de juego y poder tener penales nuevos o, quizá, más factible, significativas ampliaciones de los existentes en plazos razonables, ya que con los actuales pueden demorar quién sabe cuánto en concretarse.

Qué decir de la norma que propone dar amnistía a policías y militares antes de que cometan delitos en la lucha contra el crimen organizado. Por un lado, se estereotipa a los policías en general como delincuentes en potencia, cuando muchísimos quieren y saben hacer su trabajo sin cometer crímenes. Por el otro, favorece el encubrimiento de los malos elementos que colaboran con las mafias (¡y sí que los hay), quienes con ese manto protector podrían realizar impunemente venganzas mafiosas, eliminando a rivales delictivos.

Un reciente informe de El Comercio que da cuenta de cerca de diez mil policías sancionados por faltas muy graves al reglamento disciplinario en los últimos años, la gran mayoría suboficiales de segunda y tercera (o sea, los más jóvenes), debiera ser un detente suficiente para pensar mejor, antes de proponer que se les dé carta blanca para actuar de cualquier modo.

Y, para cerrar esta aturdida columna, qué decir del gobernador regional de La Libertad pidiendo apoyo urgente al Gobierno, dada la ciertamente descontrolada situación de violencia criminal en su región y que la solución encontrada haya sido declararla en estado de emergencia, cuando hace muy poco se reconocía que estos han fracasado. Así como, complementariamente, la posibilidad de armar a las rondas de Pataz en la sierra de la región que, según fuentes confiables, están en muchos casos metidas hasta el cogote en la minería ilegal.

¿Por qué no son más audaces y hacen de La Libertad un proyecto piloto del enfrentamiento al crimen organizado? Ello implica empezar por asignar a policías, fiscales y jueces presupuestos suficientes, focalizados en lo que importa y bien fiscalizados. Consolidando allí el trabajo de inteligencia e investigación criminal, así como el control de territorios vía patrullaje en serio. Y asegurando que los detenidos con esta estrategia vayan a penales de alta seguridad y severo aislamiento.

Coda: Cabe preguntar al Gobierno qué va a hacer en los próximos días en los que los poderosos mineros ilegales anuncian acciones de protesta a escala nacional, para asegurarse la continuidad de un negocio sin cortapisas e impunemente. Un ‘test’ muy importante para saber si hay voluntad y capacidad para enfrentar a la economía criminal más grande del país.