El asesinato de una reforma, por Carlos Basombrío Iglesias

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A estas alturas, llegar al bicentenario con normas que permitan poco a poco mejorar la política ya no es posible. Y el asesinato de la reforma política tiene agravantes. Se ha hecho con nocturnidad y alevosía. Nocturnidad entendida como “aprovechamiento de la noche y su oscuridad para cometer el delito con mayor facilidad”. Y alevosía, como jerga jurídica que tiene los siguientes sinónimos en el español corriente: deslealtad, perfidia, ingratitud, infidelidad y traición.

De hecho, ya expiró el plazo para que dos medidas muy importantes y reclamadas por la población puedan ser aplicables en el proceso electoral del 2021.

Por un lado, la de no permitir que los condenados en primera instancia por delitos dolosos puedan postular al Congreso. Ni siquiera se logró que el tema entrase al debate en el pleno. Lo impidieron, por poderosas razones, las bancadas de Podemos Perú, Alianza para el Progreso (APP), Unión por el Perú (UPP) y Fuerza Popular.

En Podemos Perú, Daniel Urresti enfrenta un juicio por homicidio, el fundador del partido, José Luna, está con comparecencia con restricciones por el Caso Odebrecht y comparte con su hijo congresista la circunstancia de estar investigados en el Caso de Los Cuellos Blancos del Puerto. En APP, los Acuña tienen al hermano Humberto ya condenado en primera instancia, así como al hermano César y al hijo Richard con varias investigaciones abiertas cada uno.

En UPP, el líder purga condena por el “andaduaylazo”, que incluyó el asesinato de cuatro policías a sangre fría, y el destituido excontralor y hoy congresista Édgard Alarcón tiene seis investigaciones penales. En el caso de Fuerza Popular, es ampliamente conocida la situación de Keiko Fujimori y otros líderes, cuyos procesos deben entrar a juicio pronto.

Por su parte, 14 abstenciones de Acción Popular y 11 de UPP explican el otro cambio que ya no tendremos el 2021: la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Es decir, el privilegio con el que cuentan los congresistas para no ser entregados a la justicia por crímenes previos a su mandato o incluso a los cometidos durante este, si la votación de sus pares así lo permite. Y sabemos que el ‘otorongo no come a otorongo’ ha sido la norma. Ahora dicen que lo van a someter a referéndum (sí, claro, lo van a hacer en medio de la pandemia).

Hay otros cambios que aún pueden esperar hasta setiembre. Pero, a mi juicio, no existe ninguna voluntad política para implementarlos.

No va a haber primarias abiertas, que adelantaban el voto preferencial varios meses, y, en su lugar, se acudirá con listas cerradas a las elecciones. Añadamos que, al no haber primarias abiertas, desaparece también la valla que había que pasar para participar en el proceso electoral.

Quizás tampoco sean cerradas de verdad, porque contarán con la participación y fiscalización de los organismos electorales. De esta manera, al menos se habría cumplido con el objetivo de ir con listas con lugares ya definidos a la elección.

Pero no van a eliminar el voto preferencial, obstáculo principal para que existan partidos un poco más cohesionados programáticamente y cuyos integrantes defienden ideas compartidas, así como los espacios y el tiempo para que el electorado pueda discutirlas. Lo que va a haber en el 2021 es la ya conocida feria de candidatos compitiendo con los de su propia lista. El poder del dinero ilícito, más fácil de disimular en campañas individuales, hará lo suyo. El voto preferencial, además y como es obvio, le quita casi toda relevancia a la paridad y alternancia de género en las listas.

Tal y como va quedando el escenario electoral habrá en competencia no menos de 20 “partidos antiguos” y algunos más que logren inscribirse con las nuevas reglas. Desaparece, así, toda posibilidad de que en las presidenciales haya un debate profundo de ideas y de programas de gobierno, entre un grupo razonablemente pequeño de candidaturas.

Vamos a las elecciones del 2021 básicamente con las reglas que se querían cambiar. Con el problema adicional, ahora, de que estamos en un país con una economía muy dañada y con un doloroso aumento de la pobreza. Todo ello, como estamos viendo con este Congreso, es terreno abonado para la irresponsabilidad y el populismo barato.