“Al momento de escribir este artículo, son nueve los congresistas infectados con el virus que nos amenaza”. (Ilustración: Rolando Pinillos Romero).
“Al momento de escribir este artículo, son nueve los congresistas infectados con el virus que nos amenaza”. (Ilustración: Rolando Pinillos Romero).
Francisco Miró Quesada Rada

Exdirector de El Comercio

El actual es un corto. Durará poco, aunque algunos hacen sin importarles que, en democracia, se respetan los plazos tal y como hicieron Fernando Belaunde y Valentín Paniagua. Nació como consecuencia del fuerte conflicto entre el presidente Martín Vizcarra y el Congreso anterior, que se resolvió a favor del primero.

Pero, más allá de la polémica política y jurídica sobre la naturaleza de la disolución –que para mí fue un golpe–, reconozco que los principales responsables de este conflicto fueron quienes lo originaron: la bancada fujimorista que entiende y entendió la política como un choque de fuerzas (en el que el adversario es un enemigo) y no como un proceso que, aparte de los disensos que se producen en toda democracia, también debe optar por el diálogo, el entendimiento y los acuerdos transparentes (esto es, que sean de conocimiento de los ciudadanos).

De arranque, el Congreso vigente hasta julio del 2021 –fecha significativa porque se cumplirá el bicentenario de nuestra independencia– tuvo que pasar por una inédita instalación a consecuencia del COVID-19 y espero que no solo se le recuerde por este hecho, sino también por haber contribuido con reformas legislativas e importantes decisiones para reforzar y consolidar la democracia. De paso, y al momento de escribir este artículo, son con el virus que nos amenaza. Esperamos su pronta recuperación, así como la del alcalde acciopopulista de San Martín de Porres. Las sesiones legislativas deben ser virtuales sí o sí hasta que el virus esté controlado, lo que durará un tiempo.

Como se sabe, ya se han aprobado algunas leyes. Por ejemplo, la que dispone de los fondos de la AFP y la suspensión del cobro de peajes. También hay un proyecto de ley del Frepap que propone . Sobre el primer tema, no me pronunciaré, porque no soy especialista en la materia, pero según han señalado no solo los altos funcionarios de las AFP, sino también importantes economistas especializados en temas financieros, esta sería una medida apresurada (lo que no quiere decir que la situación de nuestro sistema pensionario no deba ser tratado en un contexto más adecuado que el actual, como planteó el presidente).

En cuanto a la revocación y a la renuncia de autoridades. Sabemos que ambas son figuras constitucionales. En el primer caso, tal y como señala la Ley 26300, pueden ser revocadas las autoridades regionales y municipales (gobernadores, consejeros, alcaldes y regidores). Ahora, vuelve a surgir la propuesta para que el mandato de los congresistas sea renunciable y revocable. Así, se busca evitar el transfuguismo o el mal uso de la inmunidad parlamentaria. Según la legisladora María Cristina Retamozo, del Frepap, “hay que devolverle la facultad de control a la ciudadanía para que, si elige a los congresistas y estos no cumplen con sus funciones, puedan revocarlos inmediatamente”.

La propuesta es interesante, pero en una democracia el poder del ciudadano y el de la autoridad debe estar equilibrado. Y, así como la revocación empodera al ciudadano, la situación actual del legislador ya está debilitada porque no puede ser reelegido. Lo justo, a mi modo de ver, es que se restablezca la reelección al menos por un período.

El artículo 95 de la Constitución señala que “el mandato constitucional es irrenunciable”. Al respecto, explica Enrique Bernales, en su libro “La Constitución de 1993: veinte años después”, que “la doctrina constitucional no estima la irrenunciabilidad como un elemento inherente al estatus parlamentario. Por lo demás, diversas constituciones contienen requisitos y supuestos sobre los que procede que un parlamentario renuncie a su curul”.

Para ambos casos, se requiere una reforma constitucional. Tendría que haber un artículo relativo a la renuncia y a la revocación. Que estas instituciones servirán contra el transfuguismo lo ponemos en duda. Quizás podrían contribuir en algo, pero el transfuguismo tiene muchos motivos. Algunos, por ejemplo, lo hacen por dinero.


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