Alejandra Costa

La pasividad con la que el Gobierno está enfrentando el inicio de la quinta ola de la pandemia demuestra que hay lecciones que el Estado Peruano no aprende. Otro aprendizaje que parece no haber quedado registrado en la mente de los políticos es la necesidad de guardar ‘pan para mayo’ y ser responsables fiscalmente.

Cuando se inició este lunes en el pleno del Congreso el debate de la del Sector Público del 2023, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, advirtió que la Comisión de Presupuesto había incluido nueve disposiciones complementarias finales que implicaban un gasto adicional de más de S/1.164 millones con cargo a la .

Esto encendió las alarmas debido a que esta reserva es una especie de colchón de recursos que solo deben tocarse en caso de imprevistos que demanden gasto, como la pandemia del COVID-19 o una crisis económica.

La Ley de Presupuesto 2023 fue aprobada por el Parlamento el miércoles, tras lo cual el MEF emitió un comunicado celebrando que, “gracias al trabajo coordinado entre los equipos técnicos del MEF y de la Comisión de Presupuesto del Congreso se ha incorporado, sin afectar la reserva de contingencia, el presupuesto necesario para atender necesidades sociales urgentes”.

Sin embargo, una revisión rápida de los anexos de la ley aprobada por el Parlamento muestra que sí se están sacrificando importantes recursos de la reserva de contingencia para financiar otros gastos.

En el proyecto enviado al Parlamento, el MEF había propuesto que los recursos para la reserva de contingencia superen los S/5.296 millones. Sin embargo, la autógrafa aprobada por el Parlamento, con la venia del MEF, ha recortado estos recursos en más del 54%.

El próximo año se guardarán bajo el colchón poco más de S/2.411 millones, lo que representa tan solo el 1,12% del presupuesto total. Esta proporción es bastante menor al peso promedio de 3,35% que han tenido los recursos de la reserva sobre el presupuesto total entre el 2019 y el 2022.

¿A dónde han ido a parar estos S/2.884,6 millones? Se ha incrementado el presupuesto de Salud en casi S/600 millones (6,6%), el de Educación en S/97,6 millones (0,78%), el de Transportes y Comunicaciones en S/20,5 millones (0,17%), el del Desarrollo Agrario y Riego en casi S/40 millones (2%) y el de Mujer y Poblaciones Vulnerables en poco más de S/4,8 millones (0,62%). Además, el del Congreso ha aumentado en S/238,8 millones, un 37% más de lo que había propuesto el MEF. Asimismo, se han usado S/1.593 millones para aumentar los recursos para los gobiernos regionales.

La poca disposición del Parlamento y de los equipos técnicos del MEF para defender los recursos de la reserva de contingencia nos recuerda, una vez más, el cortoplacismo que domina la política local.

Esto preocupa porque un menor avance global en el 2023 podría golpear los ingresos del Perú en momentos en que será más costoso obtener financiamiento.

Alejandra Costa es curadora de Economía del Comité de Lectura

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