Javier Díaz-Albertini

Sociólogo y profesor de la Universidad de Lima

Antes de los sucesos de esta semana, quería escribir sobre el futuro, inspirado por Greta Thunberg, la joven activista que nos insta a tomar acción ante un cataclismo ambiental. Desde hace mucho tiempo, en nuestro país, no pensamos más allá del próximo interrogatorio a Jorge Barata, del nuevo escándalo político o de un pedido más de interpelación. El presente continuo instalado en el sistema nos impide reflexionar y trabajar en torno a los grandes retos que tiene el país. La actual coyuntura de conflicto entre poderes, sin embargo, me brinda una excelente oportunidad para esbozar algunas ideas al respecto.

¿Presente o futuro? Ante esta duda, vino a mi memoria una hace un año. En ella, el autor mencionaba que “el Perú lleva casi tres décadas focalizado en el devenir de la familia Fujimori”. Tiene mucha razón. El único futuro que pareciera importar en nuestro país es lo que ocurre con este clan y sus allegados. Nos ha quitado tanto tiempo, recursos y posibilidades, especialmente esta segunda generación de Fujimori, que otro columnista –Alberto Vergara– los ha denominado como “un mal innecesario”.

El futuro del país tiene que construirse sobre el fortalecimiento de la legitimidad denominada legal-racional. Es decir, la mayoría de los peruanos debemos creer que nuestro sistema es el más apropiado y adecuado. Esto se logra cuando consideramos que las leyes respetan las expectativas de justicia e igualdad, y cuando las instituciones encargadas de hacerlas cumplir lo hacen de manera imparcial y universal.

Por desgracia, desde hace mucho tiempo la legalidad ha sido capturada por una camarilla que la promulga o interpreta para sus propios –y cuestionables– fines. El fujimorismo la destruyó en 1992, para luego construir otra con interpretación auténtica incluida y nombre y apellido propio. Al mismo tiempo, debilitó la institucionalidad democrática a tal punto que aún no nos recuperamos del daño hecho. Por desgracia, los gobiernos y congresos que siguieron continuaron traicionando la confianza de la ciudadanía y ensanchando la distancia entre el sistema político y el pueblo.

En pocas palabras, en democracia sirve poco hablar de legalidad si no está acompañada de legitimidad y la brecha entre ambas se ha incrementado exponencialmente en los últimos tres años.

Fuerza Popular ha abusado de su mayoría parlamentaria, a pesar de que solo recibió el 38% del voto popular. Legalmente interpelaba y censuraba a ministros, por el solo hecho de saciar una venganza política. De igual manera, blindaba legalmente a colegas allegados que habían mentido y robado. Protegió legalmente al exfiscal de la Nación y no permitió que su caso fuera visto en los tribunales. Varias veces quiso generar una normatividad que aumentara su impunidad, como las “leyes Mulder” de amordazamiento de la prensa y restricción de la cuestión de confianza. Y podríamos seguir. ¿Es esta la legalidad por la que tantos se rasgan las vestiduras? ¿Se debe seguir soportando a un Parlamento que ha minado la gobernabilidad? Con razón el pueblo se hartó y exigía el cierre del Congreso.

La medida de disolución del presidente Vizcarra tiene bases legales, de acuerdo a algunos especialistas, porque el Congreso se burló una vez más de una cuestión de confianza. Esta vez, no obstante, su reacción fue tan burda y soberbia que ni se tomaron el trabajo –como en otras ocasiones– de admitir la cuestión para luego ‘pasear’ al Ejecutivo y al país por varios meses. Después de mucho tiempo, tenemos una medida que es legal y legítima.

Ahora nos toca a nosotros, ciudadanos, la crucial tarea de estar vigilantes. El Gobierno debe garantizar que las elecciones se realicen en el tiempo señalado y con todas las garantías del caso. Nosotros, a su vez, debemos elegir bien. El tiempo para el proceso es corto y no habrá necesariamente los mejores candidatos.

Debemos aprovechar esta oportunidad. Es el momento indicado para que brille la sociedad civil y sus organizaciones (gremios laborales y empresariales, colegios profesionales, universidades, Apafas, organizaciones de base) como nexo más cercano entre el sistema político y los ciudadanos. Debe asumir una función educadora para que la ciudadanía emita un voto libremente decidido pero consciente. A pesar de estos apremios, tengo la esperanza de que mejoraremos enormemente la representación nacional. Nos la merecemos.