Emergencia en el Archivo General de la Nación, por Natalia Sobrevilla Perea

La situación del Archivo General de la Nación es realmente desesperada e insostenible. Mientras las aguas servidas amenazan los papeles más antiguos alojados en el local del antiguo correo, y el local del Palacio de Justicia languidece bajo riesgo de una nueva rotura de tuberías o de un desalojo, el proyecto de un nuevo local se ve detenido con la idea de llevar el AGN a una provincia. Esto, además de no estar respaldado por ningún estudio técnico, confunde la falta de un local apropiado con la de la conservación de papel. El problema del Archivo General no es la humedad de Lima, sino las aguas servidas, las pésimas conexiones eléctricas de los locales vecinos y el riesgo de terminar hecho cenizas como el Museo Nacional de Brasil. El Estado Peruano tiene el deber de actuar lo más pronto posible.

La memoria de un país se aloja en una diversidad de lugares, algunos como los sitios arqueológicos, los museos e incluso las bibliotecas resultan más fotogénicos que los archivos, pero la historia no se puede escribir sin ellos. Pero más allá de eso, el Archivo General de la Nación conserva el acervo documental de todos los peruanos y su deber es servir a los ciudadanos. Es el Estado el que tiene que mantener y dar servicio a quienes buscan sus partidas de nacimiento, los documentos de propiedad, testamentos, los registros de entrada y salida de sus antepasados, entre muchísimos otros donde queda constancia de sus derechos. La función principal de un archivo histórico no es simplemente custodiar papeles viejos, debe ser también el lugar desde donde pensar el país y desde donde cada peruano puede interrogar al Estado por su lugar en él.

Mudar el Archivo General a Ayacucho suena como una idea genial de descentralización, pero no toma en cuenta que es solo una parte de un sistema nacional de archivos que está en emergencia. Se necesita urgentemente una política nacional de archivos y si bien el problema es más notorio en Lima, todos los archivos regionales necesitan más apoyo económico y técnico. De momento, cada gobierno regional vela por su archivo y su suerte es variada. El de Loreto se quemó en una protesta en 1998 y ahora funciona un poco a trompicones. El de Trujillo tiene un hermoso local colonial en el centro, mientras que el de Arequipa acaba de mudarse a Cayma, donde se espera pueda funcionar mejor que el anterior, donde los usuarios debían trabajar en un pasillo. Otro de los archivos más emblemáticos del país, el del Cusco, está alojado de manera temporal en la biblioteca de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, también a riesgo de ser desalojado.

El de Puno es un ejemplo, ya que pasó de tener la mayoría de sus documentos en cajas expuestas a roedores en un sótano, a tener un local nuevo de varios pisos. Mientras que, en Ayacucho –donde el ministro de Cultura, Rogers Valencia, pensaba se podría mudar el AGN– se les prometió un local, ya que el que tienen ahora resulta a todas luces inapropiado, pero cuando se construyó el gobierno regional lo destinó a otros fines.

El personal de los archivos estatales trabaja de manera heroica con sueldos bajos y en condiciones extremas intentando dar servicio en lo que muchas veces son condiciones infrahumanas. Pero los problemas estructurales de los locales los debe solucionar el Estado y nosotros como ciudadanos, hartos de promesas incumplidas por cada gobierno, debemos demandar nuevos locales. No podemos llegar al bicentenario con archivos sumergidos en desagüe y bajo la amenaza de que un cortocircuito convierta en ceniza la memoria del país.