"La autocrítica no es una característica cultivada por esta administración, pero la única manera de empezar a corregir errores es admitiéndolos con humildad".
"La autocrítica no es una característica cultivada por esta administración, pero la única manera de empezar a corregir errores es admitiéndolos con humildad".
Diego Macera

Gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE)

A estas alturas, y a la luz de los malos resultados obtenidos tanto en el frente económico como de salud, ya se puede encontrar un relativo consenso sobre el mal manejo que ha tenido el Perú de la crisis ocasionada por el. El beneficio de la duda se acaba cuando demanda negar lo evidente. La pregunta nunca fue si la cuarentena total que experimentamos salvó vidas o no. Seguramente salvó varios miles. La pregunta es si aplicando lo que todo el mundo ya sabía en su momento –contact tracing, atención en puntos de contagio, pruebas de calidad masivas, restricciones diferenciadas por zonas, etc.–, se pudo haber implementado una cuarentena menos restrictiva para la economía y a la vez más efectiva para la salud.

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Es una perogrullada, pues, decir que la gestión del Gobierno ha tenido errores, y algunos gruesos. El Ejecutivo entonces ha ensayado dos estrategias para desviar cuotas de responsabilidad en esta crisis. La primera es el enfrentamiento con partes del sector privado. Bancos, colegios, AFP, empresas de servicios públicos, farmacias y otros han sido objeto de críticas abiertas, amenazas o regulaciones antitécnicas de parte del propio presidente o de su equipo desde que se inició la pandemia.

La narrativa que se busca construir es la de un gobierno que debe enfrentarse al mismo tiempo contra un virus y contra una clase empresarial que le dificulta la batalla. Eso no es cierto. El reciente caso de las clínicas es quizá el que mejor ilustra la debilidad de este argumento. Si bien algunos centros de salud privados tuvieron un comportamiento lamentable, estos representan a la minoría de clínicas, y las clínicas representan una fracción de la oferta total de salud en el país. El SIS, del Ministerio de Salud, ha superado ya los 20 millones de asegurados, mientras que Essalud, adscrito al Ministerio de Trabajo, tiene más de 10 millones. En otras palabras, casi todos los peruanos tenemos un seguro de salud público que, si funcionara adecuadamente, haría superflua la actividad privada en el sector. Así, la amenaza abierta a las clínicas como si fuesen una causa significativa del problema quita reflectores al asunto principal: la gestión pública de la salud.

Esto último está directamente vinculado con el segundo argumento que usa el Gobierno para reducir responsabilidad. “Algunos nos exigen que resolvamos los problemas del país en cien días, los que no se han resuelto en cien años”, mencionó hace poco el presidente. Sin soslayar sus errores, aquí el Gobierno tiene razón. Se partió de un Estado débil, con pobre capacidad de ejecución y de gestión, y tremendas ineficiencias y corrupción. Por poner un ejemplo: entre el 2010 y el 2020 el presupuesto público en salud por habitante pasó de poco menos de S/300 a algo más de S/700. ¿Qué se consiguió a cambio de más que duplicar el presupuesto? Esto no es solo, ni principalmente, culpa de la actual administración. Pero el tema de fondo es que, al quitar cuerpo de los problemas estructurales con un “yo no fui”, el Gobierno los trata como una condena necesaria. Que este Gobierno no los haya causado no significa que no sean hoy su responsabilidad.

La autocrítica no es una característica cultivada por esta administración, pero la única manera de empezar a corregir errores es admitiéndolos con humildad. El Ejecutivo, hasta ahora, es más bien generoso en identificar la paja en ojo ajeno, pasando por agua tibia las carencias propias. Al final del día, culpar al sector privado o a los gobiernos anteriores no conduce a mejores resultados, solo distrae la atención, para ellos mismos y para las galerías, de los problemas urgentes que sí le toca resolver.