(Ilustración: Rolando Pinillos)
(Ilustración: Rolando Pinillos)
Janice Seinfeld

Directora ejecutiva de Videnza Consultores

La decidida actuación del Gobierno Peruano frente al COVID-19 viene siendo destacada en el país y en el extranjero. En un contexto mundial carente de liderazgos globales para plantear agendas unificadas, donde cada gobierno avanza con medidas dispares para combatir este brote, la respuesta peruana está siendo rápida, contundente y con la prioridad clara: proteger la salud de los peruanos y peruanas.

Sin embargo, hay un asunto que tenemos que visibilizar: hoy, los servicios de salud no solo están combatiendo esta emergencia nacional. Tienen también el enorme reto de, simultáneamente, satisfacer las necesidades de atención de personas con otras enfermedades como las crónicas –cáncer, diabetes, insuficiencia renal, etc.– y las contingencias que se presentan en el tiempo –urgencias y emergencias, por ejemplo–.

La experiencia de China confirma la importancia de atender en espacios distintos a quienes presentan síntomas no vinculados con el COVID-19. Y esto se logra mediante la asignación de establecimientos diferenciados y el triaje: la valoración inicial del paciente por la que se decide cómo se le tratará en función de su estado.

En España e Italia, donde la magnitud del contagio colapsó la capacidad de sus sistemas de salud –considerados entre los mejores del mundo–, los pacientes crónicos no urgentes no pueden ser atendidos en centros diferenciados. Alemania, que destaca por su baja mortalidad, tiene una oferta sanitaria similar a la de Singapur y Corea del Sur, con “espalda” para soportar y controlar esta ola. En Reino Unido y Estados Unidos se recomienda distanciar a los pacientes de los hospitales y, en la medida de lo posible, asistirlos empleando la telemedicina, aunque la crisis está también poniendo a prueba la capacidad de sus sistemas.

En el Perú, este flujo diferenciado de atención viene siendo abordado, sobre todo, por Essalud, que está seleccionando instituciones prestadoras de servicios de salud para consultas no ligadas al COVID-19. Por ejemplo, la atención para aseguradas embarazadas del hospital Rebagliati se está trasladando a la clínica Cada Mujer, en Jesús María.

En hospitales y policlínicos de Lima y regiones, Essalud ha instalado unidades de triaje diferenciado exclusivamente para sintomáticos respiratorios. Ahí aplican, siguiendo el protocolo, los hisopados y las pruebas rápidas. Según los resultados, se determina si se requiere hospitalización de aislamiento y observación, sea en hospitales o en la Villa Panamericana, donde se han equipado 900 camas y un centro médico de urgencias. Para los casos más graves, se están reforzando las unidades de cuidados intensivos (UCI), cuya demanda aumentará en las próximas semanas dada la conocida progresión de este coronavirus.

Es importante que el Ministerio de Salud, como ente rector, comunique el despliegue de su estrategia para articular la acción en todas las regiones del país. Por ahora, se sabe que está ampliando los hospitales de Ate y Villa El Salvador para tener 200 camas UCI COVID-19 en cada uno.

Para hacer el sistema eficiente y descongestionarlo de consultas de pacientes crónicos, hay dos medidas que debemos implementar con rapidez.

Primero, apelemos a la telemedicina. En nuestro país, está la demanda de garantizar que a ambos lados de la consulta se cuente con un profesional de la salud con las credenciales adecuadas. Por tanto, urge revisar la normativa y la cobertura de este servicio para poder aumentar estas atenciones, más aún con escenarios de aislamiento social que persistirán en el futuro.

Segundo, debemos imitar la iniciativa de Essalud denominada Farmacia Vecina, que convoca a farmacias y boticas privadas de Lima para ayudar a descentralizar el despacho de medicamentos. Los establecimientos farmacéuticos reciben las recetas de cada asegurado para que puedan recoger sus medicinas en lugares cercanos a su hogar y con menores riesgos para su salud. Las grandes cadenas de boticas tendrían que sumarse a este esfuerzo, que debe permanecer superada la emergencia y extenderse a todo el país.

Pasado este escenario de crisis, debemos profundizar los esquemas de colaboración público-privados con el objetivo de que el ciudadano acceda a servicios más eficientes. Así, se aligera la carga operativa del Estado y se permite al sector privado desplegar sus competencias y desarrollar nuevo conocimiento. Todos ganamos. No esperemos a que otra amenaza nos haga llegar a esta misma conclusión.

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