Ética parlamentaria, por Humberto Lay

El actual Código de Ética Parlamentaria, como parte del Reglamento del Congreso de la República, refiere que “tiene por finalidad establecer normas sobre la conducta que los congresistas de la República deben observar en el desempeño de su cargo. Pretende preservar la imagen que el Congreso debe tener ante el país... Previene faltas contra la ética y establece mecanismos de investigación y sanción a los legisladores que contravengan la ética parlamentaria y se valgan de sus cargos para enriquecerse o cometer actos de corrupción”.

Lamentablemente, a pesar de las buenas intenciones de este código, la imagen del Congreso ha sufrido mucho a lo largo de los años, hasta el punto que es percibido como una de las instituciones públicas con menor credibilidad. Y es que un código de ética no genera una conducta ética por sí solo. Es necesaria la formación de una cultura ética parlamentaria, que se ve dificultada por la corrupción generalizada que se vive en el país –una verdadera cultura de corrupción– y por la gran rotación de parlamentarios que se produce en cada elección.

Una manera de ayudar a la formación de esa cultura ética parlamentaria es mejorando el actual Código de Ética.  Para ello se requiere complementar los principios que contiene (independencia, transparencia, honradez, veracidad, respeto, tolerancia, responsabilidad, democracia, bien común, integridad, objetividad y justicia) con normas o reglas que muestren la aplicación de estos principios a la práctica de la gestión parlamentaria; de manera que no se tenga dudas de lo que es una conducta inaceptable.

Para ello será útil considerar los casos presentados de conductas antiéticas, así como las preocupaciones de la ciudadanía en relación con dichas conductas.  Por ejemplo, debería detallarse como falta ética sancionable, inclusive con el desafuero, el falseamiento intencional de la hoja de vida como candidato con el fin de mejorar su imagen ante el electorado, ya que ello ayudó a su elección. Igualmente, los recortes de sueldos al personal a su servicio, en cualquier modalidad, son faltas graves, indignas de un representante de la nación. Los casos de conflictos de interés requieren ser más detallados para evitar ambigüedades, así como los obsequios y viajes que un parlamentario puede recibir o realizar sin afectar su independencia y objetividad.

Otro aspecto no incluido en el actual código es el relacionado a la vida personal del congresista, cuando actos privados son motivo de escándalo con el consiguiente perjuicio de la imagen del Congreso, tomando en cuenta que todo funcionario público, por la naturaleza de su función, pierde hasta cierto punto el derecho a su vida privada.

Igualmente debe mejorarse la relación de la Comisión de Ética con otras instancias. Por ejemplo, todo indicio de infracción constitucional o delito de función debería ser trasladado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y esta actuar de oficio; y todo indicio de delito común debería pasar al Ministerio Público para su procesamiento jurisdiccional.

En fin, hay mucho que trabajar para mejorar el Código de Ética Parlamentaria, y mucho por hacer para crear una cultura ética parlamentaria, de manera que el Congreso recupere su prestigio como primer poder político de la nación. Pero sí es posible. Solo se requiere voluntad política.