Cuando la vida vale siete soles

Jorge Ríos conducía una combi en Los Olivos. Desde hacía un tiempo le exigían S/7 diarios para poder hacerlo. Se averió el vehículo y ello lo retrasó en sus pagos. Lo asesinaron.

Extorsionar a los transportistas no es novedad, ni en Lima ni en muchas otras ciudades del país. Lo que pasa es que a los extorsionadores no les interesa llamar demasiado la atención y solo lo hacen si sus víctimas se rebelan, cuando son retados por otra organización criminal o si buscan apoderarse del ‘negocio’ de otro.

¿Por qué se hace visible en las últimas semanas? Porque la situación se ha vuelto inmanejable por la competencia entre organizaciones que disputan el control de ese ‘negocio’ en el norte de la ciudad. Por un lado están Los Injertos del Cono Norte, que dirige el ‘Monstruo’, y por el otro, el ‘Jorobado’, que encabeza el Nuevo Cártel del Norte.

No se puede ver aisladamente el problema, ya que el fenómeno extorsivo se da en un contexto de control de territorios y, por lo tanto, afecta a diversos tipos de víctimas simultáneamente: mototaxis, construcción civil, bodegas, ferreterías, peluquerías, colegios, clínicas, consultorios dentales, gimnasios, negocios de esparcimiento y hasta comedores populares. Además, los extorsionadores se mueven en ‘negocios’ afines, como la explotación sexual de mujeres, el secuestro y el préstamo gota a gota, apoyándose para el éxito de sus ‘emprendimientos’ criminales en el sicariato y el lavado de activos.

Se ha dejado crecer al monstruo a niveles que nunca había tenido y, por lo tanto, las soluciones son cada vez más difíciles y tomarán más tiempo.

El primer paso es identificar lo que se ha hecho mal. Para empezar, se ha perdido tiempo valiosísimo haciendo creer a la población que poniendo su localidad en emergencia el problema se solucionaba; no entendiendo que el estado de excepción no sirve si es para dar palos de ciego y que requiere previamente, vía trabajos de inteligencia e investigación criminal altamente especializados, identificar a las organizaciones criminales a golpear.

Esto nos remite al anuncio del ministro del Interior de que se creará un grupo especial de lucha contra la extorsión. Cruel ironía que lo propongan quienes destrozaron la Diviac, que se creó para esos propósitos y había tenido éxitos importantes. La venganza de Dina Boluarte nos costó caro.

Lo mismo se debe decir de los cambios a la ley de crimen organizado, hechos con el objetivo de favorecer a los congresistas investigados por corrupción con esa norma y que, a la vez, ha reducido severamente sus alcances para todos sus otros propósitos.

Aun así, la PNP tiene éxitos frecuentes contra el crimen organizado. Pero todavía son muchas más las victorias de los criminales que las que consiguen los que luchan contra ellos.

El balance se puede empezar a revertir si se hacen las cosas bien. Para empezar, fortaleciendo de verdad a unidades de élite con recursos y personal idóneo por su capacidad y honestidad. Si, además, se trabaja de la mano con los fiscales y los jueces en lugar de declararles absurdas guerras, como si los únicos con problemas fueran ellos, cuando la policía difícilmente podría tirar la primera piedra cuando de corrupción en las instituciones se trata.

Coda: es tan evidente que el ministro del Interior prohíbe que el chofer del ‘cofre’ de Dina Boluarte declare ante el Congreso que es casi una confesión de parte. La justificación para el despropósito se ha normado hace poco en Palacio, sosteniendo que las rutas de los vehículos de la presidenta son un tema de seguridad nacional y que no pueden ser revelados incluso nueve meses después de haberse producido. ¿Qué sabe el prófugo Vladimir Cerrón que tiene tan nerviosa a la presidenta y la lleva a actuar de esa manera?