Extraordinarias facultades, por Roberto Abusada Salah
Extraordinarias facultades, por Roberto Abusada Salah
Roberto Abusada Salah

Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)

Pocos gobiernos empiezan sus mandatos rodeados de tanta esperanza ciudadana como el que preside Pedro Pablo Kuczynski. A pesar de la monumental tarea que enfrenta el gobierno, la elección del nuevo presidente ha provocado una revolución de expectativas positivas. Este fenómeno se ha dado, creo yo, por tres razones. En primer lugar, está la confianza que generan las cualidades y prestigio personal del presidente y la de muchos de los miembros de su Gabinete. Segundo, la visión de crecimiento económico, más ‘una revolución social’ planteada por el presidente en su discurso inaugural despertaron también gran expectativa. Por último, está el enorme alivio que ha producido el fin de un gobierno mediocre, opaco e impopular. Países vecinos comparan con variadas dosis de envidia a sus gobernantes con el presidente del Perú, y la prensa mundial se ha prodigado en elogios al nuevo jefe de Estado, resaltando sus cualidades y trayectoria.

Todo ello ayuda al logro de los objetivos del nuevo gobierno, pero la tarea es, en efecto, monumental: reanimar el crecimiento en medio de una estrechez fiscal, propiciar un salto cualitativo en los servicios públicos, reducir el alto grado de inseguridad ciudadana y eliminar la pobreza extrema. Todo esto con una minoría absoluta en el Congreso y un país que ha visto deterioradas sus instituciones.

Para enfrentar los retos iniciales, el gobierno ha solicitado al Congreso que le otorgue durante un lapso de tiempo facultades extraordinarias para legislar en temas de economía, seguridad, anticorrupción, agua y saneamiento, y la reorganización de Petro-Perú. Solo el tema económico promete generar una acalorada discusión en el Congreso, aunque es seguro que la izquierda conservadora se opondrá en el tema de Petro-Perú. 

En el área económica, el tema de los impuestos es el que generará controversias serias a raíz de la intención del gobierno de disminuir un punto porcentual la tasa del IGV. En los demás, la mayoría de Fuerza Popular (FP) no sentirá la necesidad de entrar a la lucha política. El presidente Kuczynski no puede reelegirse y carece de un partido propiamente dicho capaz de producir un candidato fuerte en la competencia por la presidencia el 2021. Más aun, es posible que FP haya ansiado secretamente que el Ejecutivo pida facultades para la reforma laboral, y que sea PPK quien invierta su capital político en enfrentar la que quizás sea la reforma más importante que requiere la economía que él se ha propuesto formalizar. 

Pienso que a la rebaja del IGV hay que juzgarla conociendo el detalle completo de las medidas tributarias que proponga el Ejecutivo, aunque quizá hubiera sido preferible esperar hasta el 2018 con los resultados de las medidas reactivadoras. Debería, en cambio, enfocarse todos los esfuerzos de formalización en la miríada de normas y barreras burocráticas que han impedido el mayor progreso, haciendo al mismo tiempo absolutamente inviable la formalización. 

En el debate público, el tema del déficit fiscal ha generado, a mi juicio, innecesario ruido. El Perú no ha elegido a un gobierno como el de Brasil, Venezuela o –hasta hace poco– Argentina. Tanto el presidente del Consejo de Ministros como el ministro de Economía tienen un compromiso manifiesto con la disciplina fiscal, y han declarado públicamente su propósito de reducir el déficit. De otro lado, el Perú ha ahorrado una parte importante de los superávits fiscales generados en años anteriores al 2014, producto de los buenos precios de las exportaciones y el más alto crecimiento. Así, el tesoro ha podido acumular recursos equivalentes a 16% del PBI. Es natural que con la caída en la recaudación de alrededor de 1,7% del PBI, consecuencia de menores precios de exportación, la desaceleración y la rebaja de impuestos en el 2014, el gobierno utilice una parte de esos ahorros para financiar niveles de déficit cada vez menores, tal como se propone.

La ley de responsabilidad fiscal permite el uso de una parte de los ahorros en casos de caídas en la recaudación. Estos recursos, sumados a un incremento muy moderado del endeudamiento público, permitirán al gobierno financiar fácilmente una gradual caída en el déficit. Al final de este proceso, el índice de endeudamiento peruano estaría aun muy por debajo del de otros países con igual calificación crediticia. Pero donde se debe hacer el mayor esfuerzo para cumplir metas sin afectar el déficit es en mejorar la hoy pobrísima calidad del gasto, tarea que debe iniciarse al día siguiente de la aprobación de las facultades extraordinarias con un rápido plan de acción por parte de un equipo que todos esperamos muestre extraordinarias facultades.