Del “faenón” al “negociazo”, por Fernando Rospigliosi
Del “faenón” al “negociazo”, por Fernando Rospigliosi
Fernando Rospigliosi

El escándalo del consejero presidencial Carlos Moreno estalló al mismo tiempo que se publicaba una encuesta de Datum que recogía, a las nueve semanas de iniciado su mandato, la primera caída de popularidad del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que podía anunciar el fin de una corta luna de miel del gobierno con la población. El estruendo de los audios del médico que encontró “una mina de oro” en el aprovechamiento de la salud de los pacientes pobres del Perú probablemente consolide esa tendencia descendente.

El primer ministro Fernando Zavala ha tenido que poner la cara y tratar de limpiar el estropicio, pero en este caso –como en el de “jalarse a 30 congresistas” del fujimorismo– el responsable es PPK. Él fue quien nombró a Moreno como un innecesario consejero presidencial, porque la ejecutora del sector es la ministra Patricia García.

Esto hace más grave el problema porque, como es natural, la oposición va a sacar todo el provecho posible del traspié presidencial. Moreno no era un funcionario de tercer nivel de cualquier dependencia pública, sino que estaba en Palacio, al lado del presidente y se jactaba de esa relación para lubricar sus posibles negocios.

Son inútiles los intentos de algunos voceros del oficialismo de culpar a funcionarios no políticos de Palacio del “error” de contratar a Moreno. Él llegó ahí por decisión de PPK.

Una de las peores consecuencias del desatino es la que ha anotado Mirko Lauer: “El nuevo gobierno acaba de perder una porción de la superioridad moral que había ganado […] el caso cubre de sospecha a todo el Ejecutivo”. (“La República”, 11/10/16).

De inmediato, muchos funcionarios han comenzado a ser escrutados con suspicacia. Para empezar, los otros consejeros presidenciales, como advirtió Cecilia Valenzuela, preguntándose cuáles son los filtros que tiene el gobierno para reclutar personal. (“¿Cuántos Morenos hay en el gobierno?”, El Comercio, 12/10/16). Las explosivas revelaciones de “Hildebrandt en sus trece” (14/10/16) son un golpe fuerte a PPK y su entorno más íntimo.

Lo cierto es que el escándalo ha adquirido una dimensión desmesurada debido a la combinación de dos cosas: la existencia de audios con la voz de Moreno y el extraordinario desenfado del personaje para proponer sus obscenos “negociazos” a sus posibles socios. Solo es comparable con el inolvidable Alberto ‘Don Bieto’ Quimper, el del “faenón”. 

En el caso de los ‘petroaudios’, el entonces presidente Alan García apareció en conferencia de prensa un par de horas después que presenté las primeras grabaciones en “Cuarto poder” de América TV el domingo 5 de octubre del 2008, y se distanció totalmente del asunto. Cinco días después despidió al primer ministro Jorge del Castillo. Ahora, el presidente se ha enredado en explicaciones inverosímiles –Moreno renunció por exceso de trabajo– y ha vertido frases desafortunadas: “Nos están embarrando por nada”.

Esa es la diferencia entre un político avezado y hábil, y un presidente inexperto en estas lides.

En otro plano, no hay que olvidar que el asunto de los ‘petroaudios’ concluyó en el Poder Judicial con todos los imputados absueltos en el 2016. Los jueces desecharon los audios como pruebas y luego otras evidencias contundentes, como los archivos de las computadoras, incautadas.

Si eso ocurrió con los ‘petroaudios’, nada garantiza que no vuelva a suceder. Con una importante proporción de autoridades judiciales corruptas, no hay seguridad de investigación y sanción aun cuando existan evidencias aplastantes.

Por eso es indispensable la creación de un sistema anticorrupción –procuradores, fiscales y jueces especiales, escogidos cuidadosamente–, que se encargue de investigar y procesar los casos de corrupción del gobierno anterior y el actual. Así funcionó la única experiencia exitosa en la historia peruana, la del sistema anticorrupción creado en el 2000-2001.

El único que puede impulsar eso es el gobierno, que tiene una excelente oportunidad de recuperar credibilidad y de prestar un servicio inestimable al país. No obstante, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, parece aletargada. O quizás, como ha sugerido el periodista Enrique Castillo, está más preocupada por su posible candidatura presidencial en el 2021 que en asumir una batalla indispensable pero costosa políticamente.

En cualquier caso, el presidente y el primer ministro tienen la posibilidad de hacerlo y evitar que el “negociazo” –y los que puedan venir– quede impune como ocurrió con el “faenón”.