La fiscalía y Fuerza Popular, por Alfredo Torres

Pocas veces se ha visto al país tan pendiente de situaciones que ocurren en el exterior como esta semana. Pero no ha sido esta vez el presidente Pedro Pablo Kuczynski –quien estuvo en Argentina y en la reunión de APEC en Vietnam– el centro de la noticia, sino la interrogación fiscal a Marcelo Odebrecht en Brasil y el partido de la selección peruana de fútbol en Nueva Zelanda.

La encuesta de Ipsos para El Comercio efectuada esta semana, en vísperas de estos hechos, nos mostraba un país unido en la esperanza de la clasificación a la Copa Mundial de Fútbol, pero dividido internamente debido a varias iniciativas planteadas en el Congreso de la República contra otras instancias del Estado: el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y, sobre todo, la Fiscalía de la Nación.

Las iniciativas dirigidas contra el Poder Ejecutivo son la insistencia en citar al presidente de la República a reunirse con la comisión investigadora del Caso Lava Jato y el proyecto de ley para que si un presidente del Consejo de Ministros pierde la confianza del Congreso –como ocurrió con Fernando Zavala– se deba cambiar forzosamente a todo el Gabinete. En el primer caso, es consenso entre los constitucionalistas que el jefe del Estado puede responder por escrito a una comisión que lo cite, pero 87% de quienes están al tanto de este tema coincide con la mayoría parlamentaria en que sería mejor que lo haga personalmente. En cambio, la propuesta para que se vayan todos los ministros si sale el jefe de Gabinete solo tiene el respaldo del 37%. Como es lógico, la mayor parte de la ciudadanía no encuentra razonable que se vayan ministros que están haciendo una buena gestión.

De otro lado, 77% apoya la propuesta de que el Congreso de la República investigue a algunos integrantes del Tribunal Constitucional si considera que han cometido un delito en el ejercicio de su función. Y con respecto al tema que motivaría esa investigación, solo 31% coincide con la posición que tuvo el Tribunal Constitucional respecto al proceso penal contra los oficiales de la Marina que combatieron y mataron a terroristas que se habían amotinado en El Frontón en 1986.

En cambio, solo el 27% respalda el pedido del congresista Daniel Salaverry, de Fuerza Popular, de destituir al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Para la mayoría, el pedido de destitución –que fue respaldado por Fuerza Popular– es más bien una reacción a las investigaciones que viene haciendo la fiscalía en dos procesos que afectan a su lideresa Keiko Fujimori: el Caso Joaquín Ramírez y el Caso Lava Jato.

La encuesta no alcanzó a medir las reacciones de la ciudadanía a las declaraciones de Marcelo Odebrecht al interrogatorio de la fiscalía, conocidas gracias a El Comercio, pero es probable que la interpretación de los hechos que dieron voceros de Fuerza Popular haya logrado mantener la confianza de una buena parte de las bases fujimoristas en su máxima dirigente. Avanzar en el intento de descabezar a la fiscalía, en cambio, sería interpretado por la mayoría como un reconocimiento de culpabilidad, ya que se trata del organismo del Estado con mayor confianza ciudadana en la investigación del Caso Lava Jato: 41% aprueba su desempeño, mientras la comisión investigadora del Congreso es aprobada por 33%.

Además de las disputas provenientes desde el Congreso, se produjo estas semanas un conflicto entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores regionales con respecto al proceso de reconstrucción. En este campo, la encuesta revela que si bien la mayoría considera que se ha avanzado poco, cree que corresponde al Gobierno Central y no a las autoridades regionales liderar el proceso y efectuar las inversiones.

En este contexto, la aprobación a la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, pasó de 31% a 33%, mientras que la del presidente Pedro Pablo Kuczynski bajó de 30% a 27%. La diferencia en la evaluación de ambos revela que el estilo político de Aráoz ha sido bien recibido por un sector de la población que se ha alejado del presidente. A su vez, entre los líderes políticos, Keiko Fujimori seguía siendo al momento de la encuesta la política más popular, con 39% de aprobación, aunque su futuro depende claramente de las investigaciones que enfrenta en la fiscalía y que la opinión pública seguirá cada vez con mayor atención.