Un fracaso más sí importaría, por Carlos Basombrío Iglesias

El 2018 es el año políticamente más intenso que yo recuerde. La explicación se puede resumir en la superposición de una crisis política muy grave, expresada en el enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, y en los graves y mediáticos escándalos de corrupción que colmaron la paciencia de los peruanos.

¿Qué nos deparará el 2019? Sabemos menos de lo que creemos. La impredictibilidad es una de las características más llamativas en sociedades como la nuestra. Sin embargo, algunas cosas se pueden ir adelantando. La primera es que va a ser un año turbulento. La segunda, que empezarán a producirse desenlaces y que estos pueden darse en uno u otro sentido.

Para empezar, el Caso Odebrecht entra ya en una etapa de definiciones. El grueso de la información y lo que vamos a saber sobre los responsables debería estar casi totalmente disponible en el verano. Ello se daría en un contexto en que ninguno de los involucrados importantes ha reconocido siquiera un ápice de culpa. Si las sospechas son ciertas o falsas, ya no queda mucho tiempo para que se sepa.

De ahí la tensión tan grande que se vive alrededor de las investigaciones fiscales. De un lado estamos los que, más allá de discrepar en temas específicos, las defendemos y queremos que lleguen hasta las últimas consecuencias. Y del otro, los que buscan que estas se caigan y pronto. Los segundos están claramente alineados con el fiscal Pedro Chávarry, al que no le faltan ganas para acabar con el trabajo que coordina el fiscal Rafael Vela Barba para poner en su lugar a gente más “comprensiva”. Entendible de parte de quien está sindicado por la fiscal del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto como uno de los integrantes de la organización criminal.

Hay muchas posibilidades de que saquen a los fiscales del Caso Lava Jato en los días o semanas que vienen. Hay cero posibilidades de que en los días y semanas que vienen se vean las acusaciones constitucionales en el Congreso contra Chávarry. Así están las cosas.

Si ello ocurre, cabe preguntarse cómo reaccionaría una opinión pública que apoya masivamente la lucha anticorrupción, como se expresó en las respuestas a las cuatro preguntas que el presidente planteó en el referéndum.

De que habría muchas protestas y marchas en todas las ciudades del Perú no queda ninguna duda. A lo que apuestan ellos es a que estas sean coyunturales. La gran pregunta entonces es qué podría hacer Martín Vizcarra para evitar estos cambios. Más allá del peso de su opinión, nada.

Lo grave de este escenario es que el descarrilamiento de la lucha anticorrupción no sería un fracaso más. Si logran sus objetivos, se produciría una inmensa frustración de la opinión pública. Si Vizcarra no logra que la lucha anticorrupción avance, perderá paulatinamente la fe que tantos le tienen. Recordemos que mientras él tiene 66% aprobación, su gobierno tiene menos de la mitad. Es decir, no estamos ante un gobierno aprobado, sino ante la ilusión de que Vizcarra, como persona, “puede parar a los corruptos”.

Pero también hay un sector de la población que no necesariamente ha participado o avala los hechos de corrupción, pero que ve con preocupación que esta se lleve tan lejos, por temor a que todo se vaya a desestabilizar. Para empezar, la economía.

Tengo una percepción diferente. Creo que con el estado de ánimo actual de la ciudadanía, si la lucha anticorrupción se desmorona, se abrirían de nuevo las compuertas al “que se vayan todos”. Puede o no que ese mensaje tenga fuerza de agitación social para adelantar elecciones, pero podría generar, en el 2021, oportunidades para extremistas de derecha o izquierda (por nuestra historia y presente, probablemente más la segunda que la primera).

El peligro para la democracia y el desarrollo del Perú no está, a mi juicio, en la continuidad y profundización de la lucha anticorrupción. Más bien lo contrario: hay graves riesgos políticos y económicos, si los sectores que la promueven la abandonan o son derrotados. Ahí sí, la idea de “refundar el país” con una nueva Constitución estaría de nuevo en la palestra. Algo que, en el menos dañino de los escenarios, sería un factor de perturbación adicional de la vida pública y un paréntesis al desarrollo económico.