Otra deuda de Kuczynski, por Federico Salazar

El presidente Kuczynski cometió un tremendo error al indultar a Alberto Fujimori inmediatamente luego de la votación sobre su vacancia. Ha sido un error político que costará al indultado, a su familia, a las familias de las víctimas de los delitos y al país.

Este indulto vino precedido de mentiras, de engaños, de apresuramientos y ocultamientos. Las formalidades de ley, sin embargo, se cumplieron.

El presidente está facultado a otorgar indultos. En este caso se cumple con una de las condiciones médicas exigidas para el indulto humanitario.

Este tipo de perdón se puede conceder en caso de enfermedades graves no terminales, que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable. Se considera, además, que las condiciones carcelarias puedan poner en riesgo la vida, la salud o la integridad.

La reglamentación del indulto humanitario es mala. Hay muchas enfermedades incurables que, sin embargo, no son fatales. Y hay muchos casos en que el reo, de manera consciente o subconsciente, puede contribuir a que sus condiciones carcelarias empeoren su salud.

Estas son las reglas de juego, sin embargo. A partir de esta experiencia, habrá que cambiar esa reglamentación. Antes, no.

Frente a la mala ley, ¿obedecemos o desobedecemos? No es un dilema fácil de resolver. Si tenemos opción de cambiar la ley de manera regular, no cabe la desobediencia civil.

Por eso se debe descartar la idea de reparar el error político de Kuczynski con nuevas alteraciones a nuestro Estado de derecho. No debemos reparar lo que muchos consideran una injusticia, sino recomponer lo que todos sabemos que falla: nuestras instituciones.

El caso de los asesinatos en Pativilca no debe resolverse en función del indulto otorgado, sino en función de la justicia conforme a ley.

El fiscal del caso ha solicitado la inaplicación del indulto al Caso Pativilca. Sostiene que el derecho de gracia presidencial otorgado a Fujimori carece de motivación suficiente e incumple con el plazo que ordena la Constitución.

La motivación del indulto está amparada en la mala reglamentación del indulto humanitario. No hay, pues, motivación insuficiente, sino ley (o reglamento) deficiente.

El plazo que deben tener los indultos tampoco es un argumento sólido e indubitable. El fiscal señala que debe computarse desde que Chile otorgó la extradición. El abogado de Fujimori dice que desde el auto apertorio.

La Constitución condiciona el derecho de gracia a “los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria” (art. 118, inc. 21).

La etapa de instrucción empezó el 5 de julio del 2012. El juzgado concluyó esta etapa el 5 de diciembre del 2013.

Para el fiscal los plazos deben contarse, en este caso, desde que Chile aprobó la extradición, el 5 de junio del 2017. Antes de esa fecha, sostiene, no era posible juzgar a Fujimori.

La Constitución habla claramente de la etapa de instrucción, no del juzgamiento. Se puede interpretar el sentido del mandato, pero eso requiere un debate de control constitucional.

Se trata de hacer justicia, pero la justicia no puede estar encima de la ley. Desde el punto de vista del Estado de derecho, más bien, la justicia es la protección de los derechos según la ley.

Parte del problema creado por el presidente Kuczynski es que deja de lado a los familiares de las víctimas y el derecho que reclaman. ¿Quién se hace cargo de los asesinatos? ¿Quedan impunes? ¿Ni siquiera se llegará a establecer la responsabilidad?

Las respuestas las debe dar quien creó el problema: el presidente Kuczynski. Su indulto perdona, pero, acaso, ¿“deja sin efecto” los homicidios?

A él le corresponde encontrar la forma política de resolver o al menos encarar este dilema. Así como se ha preocupado por la salud de un enfermo en prisión, debe ocuparse ahora del derecho a la vida de personas que fueron eliminadas.

El presidente Kuczynski debe plantear un proceso de reparación. Ese proceso debe devolvernos la verdad de lo sucedido. Debe establecer, al menos, la responsabilidad, incluso de aquellos que, de ser culpables, ya fueron excluidos de toda posible sanción.