Se esperaba un gabinete que fuese lo suficientemente potente como para revertir la crisis política generada por el indulto a Fujimori. No parece ser el caso. (Foto: Piko Tamashiro)
Se esperaba un gabinete que fuese lo suficientemente potente como para revertir la crisis política generada por el indulto a Fujimori. No parece ser el caso. (Foto: Piko Tamashiro)
Fernando Cáceres Freyre

Mientras y siguen deshojando margaritas para definir su siguiente movida en el ajedrez político, afuera aún hay pacientes que atender y alumnos que educar. Desde luego que es fácil gritar a los cuatro vientos que los ministros no están haciendo nada o que no están haciendo lo suficiente. Por ejemplo, recientemente se ha cuestionado que el 99% de los docentes que tomaron la evaluación de desempeño 2017 hayan obtenido resultados satisfactorios. Pero se ha puesto a pensar, ¿qué margen de maniobra tienen los ministros actuales para gobernar?

Ante todo, por las reglas políticas que nos rigen, la posición de un ministro de Estado termina dependiendo más del Congreso que del Ejecutivo. El Congreso puede interpelarlo cuantas veces quiera y por las horas que quiera, así como censurarlo prácticamente a discreción (en países como España, en cambio, el Congreso puede “reprobar” a los ministros individualmente pero no obligarlos a dimitir, a fin de salvaguardar la gobernabilidad del equipo que lidera el jefe de Gobierno elegido por el Parlamento). El cargo no está pensado para gobernar sin mayoría legislativa. Una situación que solo se ha agravado tras la pérdida de credibilidad –y de aliados– producto del canje de la no vacancia por el indulto.

En este escenario, no debería sorprendernos que ministros como en Educación, o más recientemente en Salud, que tienen formación política, terminen nombrando a puros docentes y médicos en posiciones ejecutivas. Es una manera –quizá la única– de sobrevivir: el sector Educación en alianza con los profesores y el sector Salud en alianza con los médicos. El riesgo, claro está, es que el principal indicador de gestión no sea mostrar avances en beneficio de alumnos y pacientes (que son las grandes mayorías), sino simplemente mantener la paz social con los grupos de poder organizados (los sindicatos).

Según una investigación de Contribuyentes por Respeto, somos uno de los países con la mayor cantidad de trabajadores administrativos por médico tratante. Mientras Canadá cuenta con un trabajador administrativo por cada 17 médicos, Uruguay uno por cada cinco y Paraguay uno por cada tres, en el Perú tenemos tres administrativos por cada médico. Además, muchos médicos hacen una suerte de interpretación auténtica de las normas y concluyen que solo deben atender a 12 pacientes al día (los cuales suelen ver en hora y media para después irse a trabajar al sector privado).

Asimismo, al igual que en Educación, los médicos solo hacen dos días de huelga para que no se pueda declarar el puesto en abandono. El resto de días la huelga la siguen otros sindicalistas. ¿Es posible esperar que el ministro de Salud mejore la proporción de personal administrativo y médicos? ¿Es posible obligar a los médicos a atender a más pacientes por día? ¿Es posible hacer algo para que no se hagan pasar huelgas largas por huelgas cortas? La respuesta parece obvia.

Hace algunos años, el premio Nobel de Economía James Buchanan explicaba que las decisiones sobre bienes o servicios públicos no las toma un funcionario benévolo en un Estado abstracto y sin participación ciudadana. Por el contrario, se toman en base a los intereses individuales, que cuando están organizados en grupos de presión logran efectivamente poner la agenda a los gobernantes. Con reglas políticas como las que tenemos y sin padres de familia y pacientes bien organizados, no se puede cambiar el statu quo.

En otras palabras, mientras no hayan salidas a la crisis política y se abra el esquema de alianzas, estaremos en modo parálisis, tanto en sectores productivos como sociales. En este contexto, queda entonces prohibido afectar los intereses de los grupos de poder (que en sectores como Educación y Salud no son los empresarios sino los sindicalistas). Los pacientes y alumnos pagan la cuenta.

* El autor fue viceministro de Educación durante el 2017.