El gobierno debe responder, por Federico Salazar

A una semana de los comicios generales siguen los cuestionamientos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Son cuestionamientos desarticulados, desinformados y caprichosos.

El último es el del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. En esta entidad nos representa Juan Jiménez Mayor, ex presidente del Consejo de Ministros (PCM) del actual gobierno. En la PCM Jiménez Mayor fue jefe de Julio Guzmán, ex candidato a la Presidencia de la República.

El secretario general de la OEA hizo declaraciones vía Twitter tras reunirse con Guzmán. Reclamó medidas “para restablecer los derechos de participación política de todos y evitar elecciones semidemocráticas”.

Guzmán no fue excluido del proceso electoral. Nunca pudo ser admitido. No cumplió con los requisitos de ley. Por un exceso de democracia, más bien, se le dejó participar mientras resolvía las inconsistencias de su inscripción. Nunca lo hizo.

El reclamo de Almagro es ingenuo e irresponsable. Los derechos se ejercen dentro de la ley y conforme al derecho. Si no fuera así, el derecho al libre tránsito me permitiría manejar un vehículo sin brevete. 

Obtener una licencia de manejo es un procedimiento administrativo, de menor rango que el derecho al libre tránsito. Y, sin embargo, la autoridad no debe dejar circular a alguien que no cuenta con ese documento, debidamente inscrito en el registro respectivo.

A Guzmán no se le negó ningún derecho, sino que simplemente no obtuvo la licencia respectiva. No la consiguió no porque los requisitos fueran excesivos, sino porque su partido quiso formalizar la candidatura tras los procesos eleccionarios internos.

Cuando el JNE resolvió que Guzmán no era candidato, algunos hablaron de “fraude adelantado” [sic]. Solo quien no leyó la ley y las resoluciones podía pensar algo así. Si creemos en el Estado de derecho, tenemos que someternos por igual al mandato de las leyes.

Sin haber leído la legislación electoral peruana, Almagro se ha atrevido a cuestionar el proceso actual. Ha dicho: “En Perú es indispensable igualdad para todos ante la ley”. Justamente es eso lo que no debe vulnerarse, pese a la influencia que pueda tener Guzmán en la OEA.

El Frente Amplio, por ejemplo, eligió a sus candidatos a través de un largo, laborioso y extenso proceso de democracia interna. Se demoró en iniciar su campaña debido a que cumplió con todas las formalidades de la ley. Quizá hoy tendría mayores preferencias electorales, si hubiera empezado su campaña unas semanas antes.

Sin embargo, el Frente Amplio prefirió cumplir con la norma. No impuso un candidato y presentó certificaciones posteriores. Respetó lo que exigía su estatuto. Favorecer a Guzmán, pese a que no respetó esos requisitos, habría sido injusto con el Frente Amplio, por ejemplo. Se habría incumplido, precisamente, la igualdad ante la ley.

El secretario general de la OEA cree que en sus resoluciones el JNE “no ofrece garantías” en el actual proceso. Esa es una imputación sin ningún sustento. Guzmán tuvo la posibilidad de defenderse en cada instancia. Las resoluciones se fundamentaron con criterio jurídico, en los plazos y formas establecidos en el derecho electoral peruano.

En el Perú cuestionamos siempre a la autoridad porque muchas veces la autoridad no está a la altura. En este caso, sin embargo, aceptar el cuestionamiento de Guzmán y compañía es como aceptar que los que manejan sin brevete cuestionen a los policías de tránsito por no dejarlos circular.

No hay un caso de derecho constitucional lesionado. Hay un caso de requisito legal incumplido. 

El Gobierno Peruano debería responder a las maliciosas afirmaciones del secretario general de la OEA. El señor Almagro, después de todo, está cuestionando la vigencia del Estado de derecho en el Perú. Y pretende echar sombras sobre la voluntad de los peruanos en las próximas elecciones generales.

El presidente Ollanta Humala debe decirnos si en el Perú hay “elecciones semidemocráticas”, como dice Almagro, o si la democracia se ejerce según la Constitución. ¿O preferimos el Twitter del señor Almagro al gobierno institucional que hoy preside, precisamente, Ollanta Humala?

El gobierno no debe eludir la grave acusación del secretario general de la OEA.