(Ilustración: Giovanni Tazza).
(Ilustración: Giovanni Tazza).
Alfredo Torres

Las detalladas respuestas de a las preguntas de los fiscales peruanos en Curitiba han permitido, no solo confirmar con creces la validez del convenio firmado por el Estado Peruano con la empresa , sino también dibujar un colorido –aunque pestilente– paisaje del ecosistema de la alta en el Perú en lo que va del siglo.

La historia de la corrupción en el país es más antigua que la República. Se sabía que era más intensa en los regímenes autoritarios, porque controlaban al Poder Judicial y hostilizaban a la prensa independiente, pero no se esperaba que hubiese infestado tanto a la democracia. Lo que hemos visto esta semana no tiene precedentes. Barata ha relatado, con lujo de detalles, cómo sobornó a autoridades y funcionarios de al menos tres gobiernos democráticos, además de autoridades regionales y municipales.

Entre los hallazgos más significativos, ha estado la confirmación de las motivaciones políticas y económicas por las que patrocinaban determinadas campañas. A Susana Villarán, por ejemplo, la apoyaron porque, en la percepción de Odebrecht, estaba en la misma línea política que Ollanta Humala, a quien, a su vez, habían apoyado por pedido del entonces presidente Lula da Silva. Pero más allá de las motivaciones políticas, Barata dejó bien en claro que los aportes económicos en las campañas electorales eran para tener las puertas abiertas y comprar las voluntades de los gobernantes. Por eso apoyaban a todos los favoritos.

Todavía se discute si las contribuciones de campaña no declaradas eran delitos según la ley peruana, pero de lo que no cabe duda es que recibir una contribución millonaria es un acto intrínsecamente deshonesto porque conlleva implícito el compromiso de devolver el favor al donante.

Las revelaciones más suculentas han sido las que pintan de cuerpo entero a los principales líderes políticos de las últimas dos décadas. Algunos, muy agradecidos, como Villarán, que llamó a Barata por teléfono, y Ollanta Humala, quien le organizó una cena en Sao Paulo. Otros más bien fríos, como Keiko Fujimori, con quien nunca se reunió, o cordiales pero distantes, como Pedro Pablo Kuczynski. Pero, sin duda, las conductas más reveladoras fueron las de Alejandro Toledo y Alan García.

Según Barata, Toledo no solo exigió cifras muy elevadas de soborno –serían US$31 millones solo de Odebrecht– sino que las reclamaba con desparpajo: “Oye, Barata. Paga carajo”, habría sido una de sus expresiones. Y, por si fuera poco, le solicitaba ayuda para pedirles coimas a otras empresas de construcción.

Alan García, en cambio, tuvo una larga amistad con Barata –almuerzos en casa incluidos– pero la única vez que García le habló de sobornos, contó Barata, fue para decirle que sabía que había sobornado a Toledo, y que se lo había contado el propio Josef Maiman, testaferro de Toledo. Barata explicó a los fiscales que había quedado muy preocupado, temiendo una denuncia, hasta que, días después, lo visitó Luis Nava para pedirle un soborno de US$4 millones con el objetivo de “desentrampar” los proyectos que no avanzaban. Una parte de ese monto fue luego abonado, según declaró Barata, en una cuenta de otro amigo de García, Miguel Atala, en Andorra.

El ex representante de Odebrecht en el Perú añadió que “no había manera” de que Nava agilizara los proyectos si no era en nombre de García y que había podido observar que el nivel de confianza de García en Nava era “extremo”. Por eso le puso a Nava el ingenioso ‘codiname’ de “Chalán”, el que cuida al caballo, en referencia al viejo apodo de García, ‘Caballo Loco’. Al final, Barata concedió, lapidariamente, que Nava y Atala eran los ‘Maiman’ de García.

La corrupción de los políticos es un fenómeno global, sin límites en los regímenes autoritarios como Venezuela, pero también muy presente en las democracias. Difícil de evitar desde el momento en el que las campañas políticas son costosas y que quienes las financian esperan una compensación. Lo peor es que muchos políticos honestos son desplazados por políticos más avezados, que emplean cualquier artimaña para llegar al poder y luego buscan enriquecerse con el pretexto de que requieren ingresos propios para no depender de terceros.

El Perú ha logrado avanzar más que otros países en la lucha contra la corrupción política gracias a la debilidad de sus partidos y al apoyo de la opinión pública a sus fiscales. Pero no hay que distraerse. Para que se sancione a los corruptos, es indispensable que el Poder Judicial homologue el acuerdo con Odebrecht de manera que esa empresa entregue toda la información digital que corrobore lo declarado por Barata. Y, para que se reduzca la corrupción política en el futuro, es fundamental que el Congreso apruebe la reforma política, en particular las normas que permitan un control eficiente de las campañas electorales.