(Foto: El Comercio)
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Fernando Rospigliosi

Habiendo comenzado una nueva fase de los interrogatorios a los funcionarios de en Brasil, la cuestión es si la fiscalía, ahora bajo la casi completa influencia del gobierno y sus aliados, hará todas las preguntas necesarias o solo las formulará en una dirección, evitando otras que pueden ser más que incómodas a los que hoy detentan el poder.

No solo se trata, además, de las interrogantes que se plantearán a los brasileños, sino a los peruanos del llamado , unas 14 empresas que, según algunos testigos y colaboradores eficaces, también repartieron sobornos a funcionarios públicos a lo largo de mucho tiempo y aportaron a campañas electorales.

Una de las últimas revelaciones involucra directamente al presidente , como participante en una reunión –en su calidad de jefe de campaña, candidato a la Vicepresidencia y amplio conocedor del sector por su labor profesional y empresarial– en la que uno de los representantes del ‘club de la construcción’ entregó presuntamente cien mil dólares a la campaña de .

Resulta que luego, como ministro de Transportes, Vizcarra entregó obras por más de novecientos millones de soles a la empresa que realizó ese aporte para la campaña. (Portal Gato Encerrado, 13/2/19; “Gestión”, 14/2/19).

Muchos suspicaces creen que las donaciones que se realizan a los políticos para las campañas electorales son una suerte de coima adelantada, que luego los gobernantes de turno retribuyen con maniobras ilícitas. De hecho, los vizcarristas han afirmado eso. Incluso el fiscal favorito de esa coalición, José Domingo Pérez, acusó a Keiko Fujimori y sus colaboradores de pretender incurrir en actos de corrupción a favor de Odebrecht si es que ganaban las elecciones. Y esa suposición incomprobable se convirtió en uno de los argumentos para enviarlos a la cárcel.

Con ese criterio, Vizcarra y todos los participantes en campañas electorales que recibieron plata negra deberían terminar presos, porque todos han recibido donaciones en efectivo que no declararon. Las campañas electorales son muy costosas y no se financian con rifas, cocteles o aportantes falsos. El asunto es que ni los donantes de la plata grande quieren aparecer, ni a los candidatos les gusta verse vinculados a grandes empresas y personas adineradas que son los que realmente financian las campañas.

Pero la suposición de que una donación es una coima adelantada no parece ser cierta. Más bien es una suerte, por lo general, de carta de presentación para mantener una buena relación con el próximo gobernante, que no necesariamente implica una reciprocidad ilícita. Los actos de corrupción vienen después y tienen su propio desarrollo.

Las coimas pagadas por Odebrecht y otras empresas brasileñas y peruanas han beneficiado no solamente a presidentes, ministros y funcionarios del gobierno central, sino también a gobernadores regionales y alcaldes, según las investigaciones del sistema judicial. Son conocidos los casos de César Álvarez de Áncash, Jorge Acurio del Cusco y Félix Moreno del Callao. Pero todo indica que no son los únicos.

En ese sentido, sería interesante saber si los fiscales que han viajado al Brasil preguntarán, por ejemplo, para citar un caso al azar, por la carretera Cuñumbuque–San José de Sisa, realizada en el marco de la Interoceánica Norte y ganada por Odebrecht en el 2008 con un presupuesto de ciento diez millones de soles, en el departamento de San Martín, cuando era gobernador regional César Villanueva y vicegobernador Julio Sagástegui Jáuregui. No es importante en este caso que el hijo de César Villanueva haya trabajado para Odebrecht (“La República”, 15/1/17).

Pero sí sería relevante que los fiscales pregunten por este caso, y otros similares, a los brasileños. Y a los miembros del ‘club de la construcción’ por casos parecidos en otros gobiernos regionales.

Aunque quizá lo que funcione sea la hipótesis formulada en esta columna, de que el descarado interés de la coalición vizcarrista de tomar el control del Ministerio Público –cosa que ya consiguieron casi completamente– tenía el propósito de proteger a varios corruptos integrantes de ese conglomerado y perjudicar a sus adversarios políticos que, por supuesto, no necesariamente son inocentes, pero sí son juzgados con un rasero distinto y convertidos en los chivos expiatorios ante una opinión pública indignada que exige sanciones inmediatas.

Otras revelaciones importantes realizadas por “Panorama” que dirige Rosana Cueva son las coimas presuntamente recibidas por un ministro del gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia, y las declaraciones de un testigo que confirma lo que se sabía, que la empresa del compañero de promoción de Humala en Arequipa había servido para lavar el dinero recibido de Venezuela en el 2006 y luego, en cantidades mucho mayores, cuando ya estaban en el gobierno. El presidente Vizcarra todavía no dice nada de estos destacados miembros de la coalición que lo respalda.