(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Alfredo Torres

Pasada una semana del mensaje de 28 de julio, la euforia que este despertó empieza a dar paso a una creciente inquietud sobre el futuro del referéndum propuesto. La mayoría de los analistas ha coincidido en que el presidente Martín Vizcarra supo canalizar el descontento ciudadano con el desempeño de los poderes Legislativo y Judicial. Según la encuesta de Ipsos-El Comercio de julio, 78% de la ciudadanía desaprueba el desempeño del Congreso y 80% el del Poder Judicial. De no haberse planteado una propuesta tan audaz es probable que la aprobación presidencial hubiese seguido cayendo y un reclamo del tipo “que se vayan todos” hubiese calado en la opinión pública.

En una democracia, no se puede ignorar a la opinión pública. Desde hace algunas décadas, esta se mide a través de encuestas. Entre elección y elección, las encuestas son el mejor reflejo de lo que opina el electorado sobre una diversidad de temas, pero no son el único. La “opinión publicada”, en la prensa y las redes sociales, y la “opinión manifestada”, en mítines y marchas de protesta, son también expresiones del sentimiento de diversos sectores de la ciudadanía más comprometida. Una autoridad puede sobrevivir con las encuestas o los medios o la calle en contra, pero su caída es inevitable si tiene a las encuestas y los medios y la calle en contra.

Un referéndum también aspira a ser una expresión de la ciudadanía, pero, a diferencia de los resultados de las encuestas, los comentarios en los medios y las marchas, no pretende expresar una opinión –que las autoridades pueden interpretar con flexibilidad– sino enunciar una voluntad determinante. Por ello, el resultado de la votación en un referéndum es muy difícil de revertir. La Constitución vigente, cuestionada muchas veces por su origen, debe gran parte de su estabilidad a que fue aprobada en un referéndum en 1993. En cambio, una gran idea como era la constitución de macrorregiones en el país ha tenido que ser abandonada al haber sido derrotada en un referéndum en el 2005.

De los cuatro temas planteados por Vizcarra, solo uno se refiere a la reforma judicial y es, a su vez, el que tiene el camino más libre para una aprobación mayoritaria. La caída del Consejo Nacional de la Magistratura ha sido tan estrepitosa que es viable lograr un consenso en el Congreso y en la opinión pública a favor de un nuevo consejo, cuyos integrantes sean elegidos por un concurso público de méritos. También sería factible la aprobación de una reforma al financiamiento de las campañas electorales si el Congreso se allana a las recomendaciones de los especialistas para elaborar una norma que impida el ingreso de dineros ilícitos a las campañas políticas.

La propuesta de Vizcarra para la creación del Senado, en cambio, tiene el camino más difícil. El primer escollo son los 66 votos que requiere conseguir en el Congreso para convertirse en una propuesta de reforma constitucional que vaya a referéndum. Actualmente existen cinco propuestas en el Congreso para el retorno a la bicameralidad. En cuatro de ellas se plantea un incremento en el número de parlamentarios y solo en una, la del Ejecutivo, que el número total de representantes siga siendo 130. El segundo escollo, por supuesto, es el voto de la ciudadanía. El rechazo a los políticos es tan fuerte que podría votar en contra, así la mayoría de los partidos esté a favor de la propuesta.

Por último, es difícil imaginar que la propuesta para prohibir la reelección parlamentaria consiga los 66 votos requeridos para que esta reforma sea llevada a un referéndum. Los congresistas que se oponen a esta idea tienen a su favor que numerosos especialistas y analistas también están en contra. Si Vizcarra quisiera forzar su aprobación, tendría que conducir una gran movilización ciudadana con ese objeto. Llegar incluso a plantear una cuestión de confianza con miras a cerrar el Congreso y convocar elecciones parlamentarias si no lo consigue. No está claro todavía que quiera tomar ese rumbo de colisión.

No cabe duda de que el presidente ha crecido políticamente frente al Congreso con su propuesta del referéndum. De no haber actuado así, la imagen de debilidad que se venía forjando se habría acentuado. Ahora, sin embargo, toca el momento de la negociación. Si el Ejecutivo y el Congreso actúan con sensatez, deberían acordar organizar un referéndum inmediato sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y el financiamiento de los partidos y comprometerse a plantear para el próximo año una reforma política integral.

Dicha reforma debería incluir la elección de 30 senadores por distrito nacional único y 100 diputados por distritos uninominales para ser aceptada por la ciudadanía. Si esta reforma se aprueba, como plantea la Constitución, con el voto favorable de dos tercios del número legal de congresistas, podría el país ahorrarse un referéndum de resultado impredecible y se habría conseguido el objetivo de una renovación muy amplia de la representación parlamentaria.

*El autor es presidente ejecutivo de Ipsos Perú.