El impulso moralizador, por Gonzalo Portocarrero

La principal novedad del proceso eleccionario es el cambio en las actitudes ciudadanas. La tendencia más significativa es el rechazo de la corrupción y la delincuencia que han pasado a ser entendidas como los problemas principales del país, pues se ha evidenciado que socavan la vigencia de la ley y promueven la desinstitucionalización, o funcionamiento caótico, de las organizaciones públicas y privadas. 

Entonces, hemos comenzado a darnos cuenta de que una sociedad en que para lograr una posición favorable vale más la transgresión y la prepotencia que el esfuerzo y el mérito es una sociedad destinada a la violencia y al estancamiento económico.

Este rechazo creciente a la corrupción y la delincuencia es un impulso moralizador que se expresa en la baja intención de voto de candidatos que arrastran múltiples indicios de actividades e ingresos ilícitos. Es el caso de los ex presidentes Alan García y Alejandro Toledo. 

Y se manifiesta también en la búsqueda de candidatos que proyecten imágenes de transparencia y honradez. Esta tendencia apareció en el apoyo obtenido por Julio Guzmán, injustamente marginado de la competencia electoral; y en las últimas semanas, en el ascenso de las candidaturas de Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea.

La mayor parte de la ciudadanía parece haber entendido que un país que no condena la corrupción está destinado a un desquiciamiento social que frena las posibilidades de todos. Este aprendizaje colectivo responde a la multiplicación de las denuncias en los medios de comunicación y, también, a la mejora en la educación que hace comprender que la fortuna del vivo, o corrupto, se nutre de la pobreza y reproduce la injusticia que afecta a las mayorías. 

Se trata de un cambio muy auspicioso en el sentido común. Pierde fuerza la idea disociadora de que “está bien que robe, pero que haga obra”. Otro indicador de la vigencia de este impulso moralizador es que en el Perú, a diferencia de México y Colombia, el delincuente y el corrupto no han sido idealizados como figuras glamorosas tal como ocurre en los narcocorridos mexicanos o en series de televisión en que no hay mayor diferencia entre los protagonistas del crimen organizado y los políticos que nos gobiernan. 

Las afirmaciones precedentes permiten comprender lo que sucede en torno a la candidatura de Keiko Fujimori. El impulso moralizador tiene mayor vigencia entre los jóvenes, en las ciudades y en los niveles socioeconómicos A, B y C, sectores donde esta postulación despierta grandes resistencias. 

En realidad, Keiko Fujimori ha tratado de sumar el apoyo que sigue generando la figura, autoritaria y pragmática, de su padre con la simpatía de una actitud personal que matiza esta herencia a través de reiteradas declaraciones de compromiso con la democracia. Pero pese al encanto que Keiko pueda desplegar, el antifujimorismo tiene una gran fuerza, pues el deseo ciudadano apunta a un corte con el pasado de corrupción e indignidad. 

En todo caso, el proceso electoral no se desarrolla, principalmente, siguiendo líneas programáticas, pues es un hecho que todos los candidatos ofrecen, más o menos, lo mismo. Básicamente mejorar la infraestructura económica y reformar la educación, la salud y la seguridad ciudadana. 

En realidad, no hay un cuestionamiento de fondo del modelo neoliberal, pues en estos últimos veinte años son evidentes sus buenos resultados. Así como, por otro lado, son indiscutibles los problemas que genera la propiedad y la regulación estatal, pues es público y notorio que ambas se prestan a arreglos mafiosos. 

La competencia electoral depende de lo atractivo que puedan ser las imágenes proyectadas por los candidatos. En este contexto, se entiende bien la seducción ejercida por Mendoza, pues la candidata del Frente Amplio ha logrado posicionarse como representando a la honradez, la voluntad de servicio y el compromiso con la equidad social. 

No obstante, por un anacrónico prurito ideológico, muy aceptado por la ciudadanía menos favorecida, Mendoza insiste en postular la necesidad de un “cambio de modelo”. Las claves de este cambio son vagas e imprecisas, pero no parecen suponer una ola de estatizaciones o controles en la economía peruana. Mendoza ha logrado reintegrar a la diáspora izquierdista y, sobre todo, atraer a los jóvenes del mundo popular y culturoso que respaldan con mayor fuerza el impulso moralizador. Tiende a ganarse la confianza de la gente. La ciudadanía peruana está madurando. Y esta novedad nos impulsa a sentirnos optimistas respecto al futuro de nuestro país.