Incentivos perversos, por Roberto Abusada Salah

En una trágica tergiversación del viejo proverbio que indica que es mejor enseñar a pescar que regalar pescado, el Gobierno ha adoptado una política presupuestal mediante la cual diseña programas sociales “regalando pescado” y, contrariamente, al normar sobre sus numerosas agencias de supervisión, regulación, control o recaudación, parece promover el criterio de “enseñarles a pescar”. ¿Si no cómo entender la inaudita política por la cual estos entes públicos se quedan con los ingresos producto de las infracciones y multas que imponen? ¿Cómo entender que la OEFA, Indeci, ANA, Indecopi, Minag, Minem, Produce, Ministerio de Cultura y Sunafil retengan para sí estos ingresos? ¿No resulta obvio que existe un problema de incentivos perversos en esta práctica? No solamente se agigantan los incentivos pecuniarios de multar por parte de la institución, sino que se fomenta el incentivo psicológico que produce muchas veces, en el funcionario que aplica la multa, un sentimiento de poder al enfrentarse con una gran empresa o un prestigioso profesional que tienen que aceptar su ucase.

Caso aparte es el de los cuatro organismos supervisores: Osiptel, Osinerg, Sunass y Ositran los que se financian, en mi opinión arbitrariamente, con dinero de los supervisados, en lo que constituye un simple impuesto escondido. Naturalmente, distinto es el caso de aquellas entidades estatales que cobran el costo de un servicio que otorgan.

Más complejo es el caso de la Sunat. Esta se financia con una comisión de alrededor de 1,5% del monto recaudado. Naturalmente la importante labor de la Sunat es la de velar por el cumplimiento de las reglas tributarias, pero el sistema de comisión uniforme que cobra le otorga un incentivo irresistible a maximizar sus cobros mediante la fiscalización preferente a empresas grandes. Estas empresas, catalogadas como “principales contribuyentes” representan el 80% del total recaudado a la renta de empresas pero representan en número una ínfima proporción del total de empresas del país (0,02%). El 99,8% restante contribuyen el 20% restante. Así, una fiscalización a una empresa grande donde el amplio margen de discrecionalidad que hoy posee la Sunat para interpretar la ley, le puede representar una recaudación enorme si se compara con lo que obtendría al ejercitar acciones de fiscalización a innumerables firmas pequeñas. Se produce así un fenómeno de sobrefiscalización que impone enormes costos a la empresa.

Un posible remedio para esta situación sería la de eliminar la comisión de la Sunat y reemplazarla por una asignación presupuestal acorde con su importante labor. Sin embargo, el rol esencial de esta institución se vería quizá afectado al no contar con la autonomía financiera de la que hoy goza. Quizá una solución intermedia consistiría en volver la comisión fija en variable, haciéndola inversamente proporcional al tamaño de la empresa fiscalizada, al tiempo que se instituye una asignación presupuestal adicional según el logro de resultados específicos.

Algo también grave sucede con la obligación que se impone a las empresas que reciben el regalo griego de ser nombradas “agentes retenedores”. En este caso, estas realizan una labor de recaudación por delegación de la Sunat, pero a título gratuito, siendo pasibles de sanciones si no realizan correctamente su labor. Distinto sería si estas “empresas esclavas” del Estado recibiesen una remuneración consistente con los costos y riesgos en los que incurren.

Regresando al caso de todas las otras instituciones, una simple eliminación de los llamados “recursos propios” y la reversión al Tesoro de todo ingreso por multas o sanciones resolvería buena parte del problema y evitaría casos patéticos como el protagonizado recientemente por la Onagi, que en su repentino afán de salir a pescar multas, no tuvo mejor idea que arrogarse ilegalmente la función de aprobar cualquier acción promocional de una bodega, supermercado o aerolínea que decida, por ejemplo, ofrecer dos unidades de producto o servicio por el precio de uno.

Ha llegado la hora en que quienes llevan las riendas del Gobierno, en todos sus niveles, tomen conciencia del gran daño que su pasividad ante la proliferación de regulaciones, trámites y sobrefiscalización está causando a la inversión, el empleo y la creación de riqueza y progreso nacionales. No se trata de un asunto menor. La acción decisiva del Estado en esta materia podría fácilmente agregar uno o dos puntos a nuestra declinante tasa de crecimiento.