PPK, el renunciante Carlos Basombrío y la mayoría de ministros en la ceremonia de juramentación de Vicente Romero como nuevo ministro del Interior. (Fotos: Juan Ponce / El Comercio)
PPK, el renunciante Carlos Basombrío y la mayoría de ministros en la ceremonia de juramentación de Vicente Romero como nuevo ministro del Interior. (Fotos: Juan Ponce / El Comercio)
Juan Carlos Tafur

Ha sido una pésima jugada política de procesar el indulto a de la manera como lo ha hecho. La última encuesta de Ipsos revela que el porcentaje de aprobación al indulto es de 56%, varios puntos menos de los que hace unas semanas lo aprobaban (65%).

Y PPK crece en las encuestas, pero en un porcentaje poco significativo (va de 18% a 25%), crecimiento inferior al que obtuvo, por ejemplo, cuando enfrentó los desastres naturales. Un número menor de las personas que está de acuerdo con el indulto se anima a extenderle aprobación al mandatario.

La vulgar dación del indulto humanitario a cambio de los votos que le permitieron salir bien librado del proceso de su vacancia pesa en contra, sin duda, de una mejor performance en las encuestas. La ciudadanía percibe con claridad que se ha tratado de un rupestre canje de votos por una mercancía política.

PPK ni siquiera tiene la certeza de haber logrado un statu quo político que le asegure la paz de acá al 2021. Keiko Fujimori hasta el momento no revela indicios que permitan suponer que se vaya a allanar a un acuerdo de cogobierno, inducida por el indulto a su padre o por reconvenciones de este.

Si Keiko Fujimori acepta el envite, sacrifica una buena cuota de posibilidades hacia el 2021. ¿Por qué lo haría? Es bastante improbable. Ni siquiera un escenario en el que Kenji Fujimori abdique de sus pretensiones electorales en favor de su hermana permite entrever que la candidatura de Keiko saldría fortalecida si se suma a la “reconciliación” planteada tan precariamente por el gobierno.

PPK se equivocó brutalmente al creer que el indulto a Alberto Fujimori le daba la llave de la gobernabilidad que tanto anhelaba desde que asumió el poder y que le era esquiva, más que por las condiciones estructurales, por su propia medianía para afrontar las tareas palaciegas.

Podría darse perfectamente un escenario en el cual solo los fujimoristas allegados a Kenji Fujimori celebren lo ocurrido. Ni la bancada de Fuerza Popular, ni la del Apra (ya Alan habló de un “pacto infame”), ni la de Alianza para el Progreso (que ha tomado frontal distancia), ni las izquierdas del Frente Amplio o Nuevo Perú, tampoco Acción Popular (Alfredo Barnechea también ha cuestionado el indulto) ni los propios disidentes de Peruanos por el Kambio.

Si a los 15 que le quedan a PPK se le suman 10 (o 20) de Kenji, más algunos independientes, no alcanza para evitar que eventualmente una nueva solicitud de vacancia prospere. Si, como resulta evidente, el terror de PPK a ser procesado por el Caso Lava Jato es lo que lo ha empujado a este pacto apoyo-indulto, puede ocurrir que ni siquiera ese desenlace esté descartado.

Por lo que se ve, en mucho mejor pie quedaba PPK si fortalecía la coalición que lo salvó de la vacancia y que antaño fue la que le dio el triunfo electoral. Ya no hablemos de la mínima ética política que suponía apoyarse en ella. Por razones pragmáticas era también su mejor opción.

La del estribo: de los 42 acusados por el Caso ‘Fifagate’, 12 no han sido extraditados, 30 sí; de ellos, 27 se han declarado culpables y tres fueron a juicio. Dos han sido sentenciados y solo hay uno no culpable, y es Manuel Burga. Ojalá lo reconozcan quienes le echaron encima toneladas de infamia.

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