(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Alfredo Torres

Desde tiempos inmemoriales, los sistemas políticos han enfrentado el dilema de representatividad vs. gobernabilidad. En el extremo de la representatividad, un Congreso debería ser multitudinario para contar con representantes de toda la diversidad geográfica e ideológica de un país. En un Congreso de ese tipo, es muy difícil alcanzar consensos, pueden ser regímenes ingobernables. Si se busca la gobernabilidad, en cambio, se tiende a la concentración del poder. El politburó en China, por ejemplo, lo integran 24 personas y su
Comité Permanente 9. Este tipo de regímenes son más eficaces, pero pueden ser arbitrarios y ciertamente menos representativos.

En la búsqueda de un punto intermedio entre uno y otro extremo, la propuesta del presidente Vizcarra para retornar al sistema bicameral
parece inclinarse hacia el criterio de la gobernabilidad. El planteamiento de que sean solo 30 senadores elegidos por macrorregiones y 100 diputados elegidos por microrregiones lleva a que un reducido número de partidos alcance representación –lo que facilita la gobernabilidad–, pero también que muchos grupos
minoritarios queden fuera del Congreso, reduciendo su representatividad.

La propuesta no define cómo se formarían las macrorregiones para elegir al Senado, pero si tomamos como referencia el diseño de las
encuestas de Ipsos-El Comercio, el Perú podría dividirse en cinco macrorregiones: norte, centro, sur, oriente y Lima/Callao. Según su población electoral, le tocarían 8 senadores al norte, 3 al centro, 7 al sur, 4 al oriente y 12 a Lima/Callao. Con distritos electorales de esos tamaños, lo más probable es que solo sean elegidos senadores de los tres o cuatro partidos más votados.

Para el caso de la Cámara de Diputados, las 50 microrregiones propuestas tendrían un promedio de 460 mil electores. El sistema binominal planteado llevaría a una mayor concentración de poder en los dos partidos más votados, lo cual, en teoría, facilitaría la gobernabilidad. El problema es que el partido más votado podría no ser el del ganador de las elecciones presidenciales en segunda vuelta, como ha ocurrido en el Perú más de una vez. Ese grave problema no
lo resuelve la reforma propuesta.

La ingeniería electoral que se requiere para formar las microrregiones es sumamente compleja. Algunos distritos de Lima como Ate o Comas podrían tener representantes directos, pero otros tendrían que integrarse para llegar a los 460 mil electores. Lo mismo ocurriría con
muchas provincias. Unas pocas, como Huancayo, bordean esa cifra, pero la mayoría tendría que integrarse con otras para formar una microrregión. Incluso habría departamentos como Moquegua y Tacna que tendrían que juntarse para elegir a sus diputados; otros, como Madre de Dios, que tendrían que sumarse a parte del Cusco para alcanzar representación; y varios más que tendrían que dividirse y reagruparse con provincias de departamentos vecinos, para alcanzar la cuota necesaria de representación.

Como es evidente, esta ingeniería electoral puede ser fuente de muchas tensiones, dado el arraigado sentimiento regionalista vinculado a la tradicional división departamental. Por eso, los sistemas uninominales o binominales suelen funcionar con un mayor número de distritos electorales. El Congreso podría revisar la propuesta del Ejecutivo en esa dirección. El problema sería que eso llevaría a aumentar el número de representantes, lo que va contra el sentir de la opinión pública, que lo vería solo como mayor gasto. La solución estaría en reducir el número de funcionarios del Congreso. Una reducción de 25% de esa frondosa planilla cubriría ampliamente el incremento necesario en el número de congresistas.

La propuesta introduce otras rigideces que serían fuentes adicionales de tensiones. Una de ellas es que plantea que el Senado se elija por lista cerrada. La eliminación del voto preferencial solo sería viable si hubiera elecciones internas confiables en los partidos, lo que todavía
no existe. Pero la mayor rigidez propuesta es la representación paritaria entre hombres y mujeres. Esta no solo podría ser interpretada como discriminatoria por la comunidad gay, sino que obligaría a llevar candidatos improvisados en regiones donde los dos candidatos más preparados de un partido sean del mismo sexo. La mayor representación de la mujer es una aspiración válida y le iría muy mal a un partido que ignore ese objetivo, pero forzarla es tan
absurdo como promulgar una ley para que el Gabinete Ministerial sea paritario.

Lo cierto es que una reforma del sistema político es muy compleja como para pretender aprobarla en un referéndum por realizarse este
año como ha planteado el presidente. En consecuencia, lo más sensato sería ir a un referéndum inmediato sobre la indispensable reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, para avanzar rápido con la reforma judicial, y dejar para después el referéndum de las reformas políticas, de modo de dar tiempo a la elaboración de una propuesta más viable.

*El autor es presidente ejecutivo de Ipsos Perú.