Intereses particulares vs. intereses nacionales, por Hugo Coya

Decía Edmond Thiaudière que “la política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular”, aunque, si este novelista, poeta y escritor francés de finales del siglo XIX e inicios del XX conociera el Perú de la actualidad hubiera tenido que reescribir dicha frase.

No por el concepto en sí, que mantiene su plena vigencia, sino porque aquí nada se disfraza. Al contrario, se exhibe con ribetes que lindan, incluso, con lo pornográfico, tal y como lo demuestran los recientes acontecimientos vinculados a figuras tanto del Ejecutivo como del Congreso.

El último dislate en ese sentido ha venido por cuenta del saliente ministro de Defensa, Walter Ayala, que tuvo que anunciar su renuncia irrevocable tras el escándalo de la supuesta intromisión en los ascensos militares para promover a un coronel, hijo, a la sazón, de un amigo del presidente Pedro Castillo.

Ayala intentó aferrarse al cargo con el apoyo de la agrupación ¿oficialista? Perú Libre y fracasó en el intento al revelarse el domingo en el programa “Punto final” el presunto favorecimiento a una empresa de seguros para que lograra un contrato con la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.

Si las investigaciones lo ratifican, se trataría del mayor escándalo de corrupción destapado en un gobierno que apenas supera el centenar de días e iría en contra de aquello que Castillo tanto vilipendiaba en sus discursos durante la campaña electoral: la habitual rapiña del Estado a favor de familiares, amigos o empresas vinculadas a ellos.

Lamentablemente, no es el único caso. Días antes, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, al intentar contornar una amenaza de huelga, se reunió con los representantes de gremios de transportistas y les prometió nada menos que la ampliación por 10 años de las autorizaciones de circulación para buses, coasters y combis por las calles de Lima y el Callao.

También les ofreció las cabezas de las jefas de la Sutrán y de la ATU, algo que comenzó a cumplir con la remoción de la primera. En el caso de la segunda, no ha podido hacerlo aún porque la presidenta de ese organismo fue designada para un período de cinco años y, al removerla, estaría incurriendo en una infracción inconstitucional.

En una muestra de que, cuando se trata de defender el lobby de los transportistas informales, los extremos se juntan, el Congreso decidió, asimismo, no interpelar a Silva por sus dichos, pasando por alto que sus ofrecimientos mantendrán el estado de caos en el que se encuentra el sistema de transporte.

Ninguna sorpresa si tomamos en cuenta que, por lo menos desde octubre del 2020, se han presentado sucesivas propuestas parlamentarias que coinciden plenamente con los ofrecimientos del ministro.

Otra buena muestra de que los intereses particulares predominan entre nuestros políticos –sean de derecha o de izquierda– nos la dieron cuando el Parlamento decidió hacer borrón y cuenta nueva de la reforma electoral, eliminando de un plumazo las elecciones primarias para las elecciones regionales y municipales del 2022. Lo consiguieron con una sólida votación de 72 votos a favor que unió a dos agrupaciones supuestamente contrapuestas ideológicamente como Fuerza Popular y Perú Libre.

En la misma línea de este período de contrarreformas que estamos padeciendo los peruanos, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se ha convertido en el blanco de un puñado de congresistas que persiguen su erradicación con miras a restablecer la vieja, anacrónica y corrupta Asamblea Nacional de Rectores. Demás está decir que varios de los impulsores están vinculados al apetitoso ‘negocio’ de la educación.

Algo similar sucede con la educación primaria y secundaria con un ministro que, perteneciendo a una facción sindical, se muestra dispuesto a disminuir las exigencias en los exámenes que permiten el ingreso a la carrera magisterial. Para agravar esta situación, se ha denunciado el fin de semana la filtración de la última prueba resuelta entre los concursantes.

La batahola ha sido tan grande que el Ministerio de Educación tuvo que deslindar de este fétido timo, alegando que la custodia era responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ofreciéndose a investigar y pidiendo la intervención del Ministerio Público.

Como si no fuera suficiente con el hecho de que somos uno de los países más golpeados por la pandemia en el mundo, enfrentamos ahora este complejo escenario que pretende encaminarnos aún más hacia el retroceso en los pocos y tímidos avances positivos que se habían dado en materias como educación, transporte y reforma electoral en épocas recientes.

Signos de los tiempos, dirán algunos, a pesar de que un recorrido por nuestra historia nos permite concluir que venimos arrastrando cadenas semejantes desde que al Perú se lo bautizó como tal.

Sea como sea, es hora de poner freno a los zarpazos de aquellos políticos que han hecho del clientelismo y los intereses particulares una moneda corriente. Solo así podremos ver el futuro de cara lavada dentro de una auténtica y real democracia de la que nos sintamos orgullosos y por el bien de las futuras generaciones.