Jaime Salinas y la insurgencia, por Francisco Miró Quesada R.
Jaime Salinas y la insurgencia, por Francisco Miró Quesada R.
Francisco Miró Quesada Rada

Exdirector de El Comercio

La fiscalía ha solicitado 20 años de prisión contra Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y otros por secuestro agravado en agravio del general (r) Jaime Salinas Sedó y 25 miembros de las Fuerzas Armadas, quienes el 13 de noviembre de 1992 decidieron insurgir contra la dictadura de Fujimori. Es más, la fiscalía argumenta que fue el mismo dictador quien ordenó y ejecutó la detención de Salinas.

¿Fue legal la reacción de Salinas y de quienes lo secundaron? La Constitución de 1979 que regía cuando se produjeron los hechos precisaba que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y que la población tiene derecho a insurgir contra esa clase de gobierno.

Más allá de las connotaciones morales de los insurgentes, lo ocurrido el 13 de noviembre fue totalmente legal y lo sigue siendo, pues también se encuentra en la Constitución vigente (artículo 45). Para que la insurgencia se produzca y sea legal, se necesita de un usurpador. En otros términos, de un dictador que usurpe el poder a un gobierno legítimamente constituido y también al pueblo, porque le quita su libertad. El único gobierno legítimo es el que nace del voto popular.

Lo que apreciamos aquí es que Fujimori da un golpe, que técnicamente se llama “golpe desde Palacio”. El golpista –en cuanto usurpador– es un presidente elegido por el pueblo que decide, apoyado por las Fuerzas Armadas, golpear al Congreso, controlar el Poder Judicial y otros organismos públicos autónomos.

En esta modalidad, la autoridad golpista –que previamente fue elegida democráticamente– también se convierte en dictador, porque no solo concentra todo el poder sino que rompe el acuerdo que tiene con el pueblo. Un acuerdo que, se entiende, debe funcionar según lo establece la ley. Si a uno lo eligen para gobernar democráticamente, debe entonces gobernar de esa manera. Si hace lo contrario, por haber roto el acuerdo entre el elector y el elegido, el primero no tiene por qué obedecer al segundo. 

En consecuencia, esta ruptura del pacto, en el marco de las reglas del juego democrático, abre la posibilidad a que la ciudadanía insurja para reponer el orden anterior. Es decir, se recupera la democracia pero, sobre todo, el orden constitucional y la libertad de elegir autoridades. Esto fue lo que intentó hacer el general Jaime Salinas Sedó, y así ha quedado registrado en los anales de nuestra historia.

Después del acto de Salinas se produjeron dos hechos de desobediencia civil con insurgencia. El movimiento que triunfó y se conoció como Los Cuatro Suyos, y la insurgencia encabezada por Ollanta Humala en Locumba, sin éxito (al menos inicial). En cambio, la de su hermano Antauro Humala no fue insurgencia porque se produjo contra un gobierno legítimamente constituido –el de Alejandro Toledo–. Se trató de una rebelión contra el orden democrático.

La teoría de la insurgencia es antigua. Fue John Locke el primero en plantearla, cuando se iniciaba la modernidad, pero se remonta a Santo Tomás y aun más lejos, pues fue justificada por Cicerón en Roma, quien propuso el tiranicidio. La insurgencia de Salinas contra el usurpador Fujimori nos debe servir de ejemplo para que nunca jamás los peruanos nos sometamos a dictadores. Por algo decían los griegos que “de todas las formas de gobierno, la más despreciable es la tiranía”.