Sombras tenebrosas, por Alfredo Torres

“Conversar no es pactar” decía el legendario Ramiro Prialé, el hombre que ayudó a sacar al Apra de la clandestinidad a mediados del siglo pasado, conversando –y también pactando– con sus adversarios. Prialé sabía que conversar es bueno. Y que lo malo era que la conversación fuese el medio para cometer un delito. Las conversaciones de Prialé que permitieron la legalización del partido aprista se mantuvieron en reserva por muchos años. Él sabía que habría sido muy feo revelarlas.

Esta semana nos hemos enterado por declaraciones de Keiko Fujimori que ella se reunió en privado con el presidente Martín Vizcarra el 27 de marzo y el 26 de junio; y por declaraciones del secretario general de Fuerza Popular (FP), José Chlimper, que el entonces vicepresidente Vizcarra se reunió con él el 19 de enero y con el actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry, el 12 de febrero. Desde el punto de vista de la gobernabilidad, es bueno que Vizcarra se haya reunido con los líderes de la fuerza número uno del Congreso. Para juzgar si hubo algo malo se tendría que conocer el contenido de esos encuentros. Pero sin duda ha sido feo que una de las partes haya revelado abruptamente que esas reuniones se produjeron. La consecuencia es que se ha dañado la credibilidad tanto de Vizcarra, que había negado esas reuniones, como la de los líderes de FP, porque ahora será más difícil que otras personas acepten reunirse de manera reservada con ellos.

En cambio, nada bueno se sospecha de las reuniones sostenidas por el suspendido juez supremo César Hinostroza con personajes como Antonio Camayo, dueño de Iza Motors, o Edwin Oviedo, acusado de encabezar la banda de Los Wachiturros de Tumán; y con políticos como Miguel Torres, Héctor Becerril y la propia Keiko Fujimori, según declaración de un colaborador eficaz de la fiscalía, reunión que ella niega reiteradamente.

También suscita suspicacia que Keiko Fujimori haya contestado al mensaje de Fiestas Patrias recién el 23 de agosto y que decidiese revelar sus reuniones privadas con Vizcarra el domingo pasado. La duda se genera porque ahora se sabe que el 15 de agosto la fiscal Sandra Castro había solicitado al fiscal supremo Pablo Sánchez acusar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de integrar la organización Los Cuellos Blancos del Puerto que encabezaría el juez Hinostroza. ¿Decidió Keiko Fujimori pronunciarse al enterarse de esta acusación?

Ella sostuvo, en la entrevista que concedió a Enrique Castillo en “Canal N”, que Chávarry debía continuar como fiscal de la Nación. En esa entrevista, afirmó también que “las mentiras hay que entenderlas en su propio contexto” al referirse a Chávarry y a la ocasión en que Vizcarra negó haberse reunido con ella, en lo que parecía un esfuerzo por exonerar al fiscal: si se pide la renuncia de uno habría que pedir también la del otro. Hoy, luego de conocerse la declaración del colaborador eficaz que sostiene que ella se reunió con Hinostroza, cabe preguntarse si no pensaba en sí misma cuando sostuvo que “las mentiras hay que entenderlas en su propio contexto”.

Como se sabe, Keiko Fujimori enfrenta varios procesos judiciales por lavado de activos. Los más conocidos son el caso de los aportantes fantasmas de la campaña del 2011, los cocteles de la campaña del 2016, los aportes de Odebrecht y la investigación por crimen organizado contra Joaquín Ramírez, el ex secretario general de FP. Es comprensible que esté nerviosa y que procure emplear todos los recursos a su alcance para defenderse. Es comprensible, también, que sus partidarios se muestren solidarios con ella. Keiko Fujimori tiene todo el derecho de defenderse de las acusaciones que pesan en su contra con los mejores abogados, pero a lo que no tiene derecho es a usar su poder político con ese propósito.

La ciudadanía está hastiada de la corrupción existente en el Poder Judicial. Su propio presidente, Víctor Prado, ha señalado que el crimen organizado ha infiltrado muchas de sus jurisdicciones. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha sido descabezado y el presidente ha propuesto un referéndum para su reconstitución. El Gobierno también ha propuesto una serie de medidas para avanzar en la reforma del sistema judicial.

Es razonable que muchos congresistas discrepen con la reforma política propuesta por Vizcarra y se propongan discutirla con detenimiento, pero lo que no pueden hacer –a riesgo de parecer cómplices– es soslayar la lucha contra la corrupción que se libra hoy en el sistema judicial. Es necesario que el Congreso apruebe la acusación constitucional presentada por el fiscal Pablo Sánchez contra Hinostroza y otras autoridades; que evalúe pronto las propuestas de reforma alcanzadas por el Ejecutivo y, en especial, que apruebe la nueva conformación del CNM de manera que esta pueda ser ratificada mediante referéndum en diciembre. Pero lo más urgente ahora es que renuncie Chávarry a la Fiscalía de la Nación al estar envuelto en una tenebrosa sombra de sospecha.