Francisco Sagasti. (Foto: AFP)
Francisco Sagasti. (Foto: AFP)
Fernando Rospigliosi

Analista político

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La creatividad de los peruanos no parece tener límites y en estos días eso ha quedado plenamente demostrado con la designación de Francisco Sagasti (Partido Morado) y Mirtha Vásquez (Frente Amplio) como presidentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ellos pertenecen a los partidos con las más pequeñas representaciones en el actual Congreso, que fue elegido recién en enero de este año en comicios limpios que nadie cuestionó.

Así como en la subasta inversa gana el que ofrece el precio más bajo, en la democracia inversa inventada en el Perú, asume el poder el que ha obtenido menos votos y representantes.

Esta extraordinaria creación en verdad es obra de la coalición vizcarrista –a la que hay que cambiar ahora de denominación porque el que le suministraba el apelativo ya sucumbió y, si queda algo de justicia en el Perú, probablemente irá a la cárcel–, que cuando su principal asociado fue vacado y las posibilidades de reponerlo en el poder se evaporaron, promovieron la defenestración de Manuel Merino y Ántero Flores-Aráoz y en su reemplazo ubicaron a dos connotados miembros de esa coalición.

En efecto, el Partido Morado (PM) ha sido oficialista durante el Gobierno de Martín Vizcarra y lo defendió hasta el último minuto, a tal punto que el domingo pasado propuso en un comunicado reponerlo en la presidencia. Y el Frente Amplio (FA), con altibajos, también ha participado del conglomerado vizcarrista –uno de sus miembros, el funesto Víctor Zamora, fue ministro de Salud durante la etapa más crítica de la pandemia con los desastrosos resultados conocidos–, en particular Mirtha Vásquez y la casi presidente de la República, Rocío Silva Santisteban.

El método usado por esa coalición fue promover manifestaciones, convocadas con el apoyo incondicional de la mayoría de medios de comunicación, que tal vez temían perder la generosa publicidad estatal con el Gobierno de Merino. Como suele ocurrir, aunque muchos manifestantes eran pacíficos, un grupo de ellos no lo era y, convenientemente premunidos de artefactos pirotécnicos, piedras y objetos contundentes, atacaron a la policía hasta obtener lo que querían, un desenlace trágico, que fue lo que terminó acobardando a los volubles congresistas que rápidamente cambiaron de parecer y forzaron la renuncia de Merino.

En el camino, los izquierdistas que dominan esa coalición, satanizaron a la Policía Nacional a la que juzgaron y sentenciaron por la muerte de dos jóvenes y la supuesta desaparición de otras 60 personas, con el entusiasta e incondicional respaldo de los medios que promovieron las marchas. La siempre dispuesta fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, abrió instantáneamente una investigación contra Merino, los ministros y los policías supuestamente responsables.

Simultáneamente las congresistas Vásquez y Silva Santisteban (FA) propusieron derogar la ley de protección policial N° 31012, elaborada por Jorge del Castillo y promulgada por Manuel Merino como presidente del Congreso.

En síntesis, se ataca, vilipendia, ultraja y denigra a la Policía, se amenaza con destituir a sus mandos y efectivos operativos, y procesarlos judicialmente, con la finalidad de arrinconarlos y desmoralizarlos.

De esta manera, los organizadores de las manifestaciones quedarían dueños de las calles y podrían seguir imponiendo sus objetivos, como por ejemplo una asamblea constituyente.

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