"Nadie parece reparar en que la extorsión es un delito, y grave" (Foto: AFP).
"Nadie parece reparar en que la extorsión es un delito, y grave" (Foto: AFP).
Jaime de Althaus

Analista político

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Al mismo tiempo que diversas poblaciones –arengadas por un Gobierno que anuncia que va a recuperar los recursos naturales– bloquean carretas, ríos y estaciones de bombeo en varias partes del país exigiendo la presencia del presidente Castillo y la primera ministra para que les ayuden a conseguir sus demandas, el presidente y sus ministros escapan a Bolivia, dejando, sin mayor preocupación, la pradera incendiada, más interesados en recibir una inmersión en bolivarianismo andino y cocalero. Podrían, cuando menos, pedirle a Evo que interceda para levantar el bloqueo de la carretera Interoceánica.

Pues ya hace un tiempo que vemos que no se requiere de un programa de nacionalizaciones para matar la inversión. Los ataques a las industrias extractivas lo están logrando y vienen reduciendo la producción. El oleoducto del norte ha sido cortado hace meses y la producción de Las Bambas, por ejemplo, viene reduciéndose año a año. En el 2017, esa mina exportó 450 mil toneladas y el año pasado, 300 mil. De los cuatro años que tiene operando, uno entero lo ha perdido en bloqueos. Ahora el corredor minero del sur está experimentando la tercera interrupción en lo que va de este Gobierno. La producción minera tiende a volverse inviable.

El Perú no puede seguir en este descalabro. Es hora de que el Gobierno pase del infantilismo reivindicativo a la solución de los problemas. Y eso empieza por establecer el imperio de la ley y montar, de una vez por todas, una institucionalidad que permita transformar los ingentes recursos fiscales generados por la minería en desarrollo local.

Porque aquí lo que tenemos es un territorio abandonado a la ley de la selva, donde la extorsión a las empresas se ha “normalizado”. Nadie parece reparar en que la extorsión es un delito, y grave. Por cometerlo fueron acusados, por ejemplo, los hermanos Chávez Sotelo, que ahora han ganado una cautelar para cobrarle a la comunidad de Arcospampa nada menos que S/2′320.000 por una comisión del 40% por servicios de asesoría extorsiva, que la comunidad no les pagó.

La extorsión es el pingüe negocio en el corredor minero. Se asocian empresarios destructivos con radicales de todos los pelajes. Y ante eso, de nada sirve todo lo que las empresas puedan invertir en desarrollo social o económico de sus zonas de influencia. Las Bambas ha transferido a la sociedad local S/2.594 millones en obras, compensaciones, programas y regalías y, de hecho, como demuestra un estudio de Macroconsult, todos los indicadores sociales y económicos han mejorado apreciablemente en comparación con otras zonas similares. La pobreza y la desnutrición infantil han caído mucho más y los ingresos han subido en mayor proporción. Pero los bloqueos para exigir más dinero y más contratos no cesan, pese a que los gobiernos locales apenas gastan el 61% de las regalías que reciben y no terminan las obras.

O quizá es debido a eso. Porque parte del problema es que el Estado incumple sus compromisos y hay mucha corrupción. El plan de desarrollo de S/2.800 millones anunciado por el entonces ministro de Transportes Martín Vizcarra se perdió en el olvido burocrático. Por eso, un buen comienzo sería que la primera ministra, Mirtha Vásquez, vaya a la zona como se lo piden, pero a rendir cuentas sobre los compromisos del Estado y a anunciar alguna solución institucional que permita asegurar el desarrollo integral y el orden público, aplicando la ley a quienes la violen.

Una reforma del uso del canon y un vicepremierato en el corredor, capaz de coordinar al Estado, canalizar demandas y establecer orden, son fundamentales. No es posible que en la región a la vez más rica y más pobre del país, el gobierno central esté ausente. Es hora de ponerse a gobernar.