"En el caso de Carlos Lozada, Rocío Barrios y Susana Vilca, Vizcarra está desafiando abiertamente al nuevo Congreso, que tendrá que recibir al Gabinete para otorgarle –o no– el voto de confianza". (Composición: El Comercio)
"En el caso de Carlos Lozada, Rocío Barrios y Susana Vilca, Vizcarra está desafiando abiertamente al nuevo Congreso, que tendrá que recibir al Gabinete para otorgarle –o no– el voto de confianza". (Composición: El Comercio)
Fernando Rospigliosi

Analista político

El respaldo del presidente a dos ministros con acusaciones de corrupción muestra nuevamente el doble rasero con que actúa el Gobierno. A los adversarios o a los amigos incómodos no duda en echarlos a la hoguera ante la más mínima sospecha, pero a los que quiere proteger los defiende pasando por alto las más serias denuncias.

El presidente del Consejo de Ministros, , quien es el que por orden de Vizcarra ha dado el espaldarazo a los cuestionados funcionarios, también habló antes de la presunción de inocencia que debe tenerse en cuenta en el caso de sus compañeros de Gabinete. La afirmación sería digna de ser tomada en cuenta si se aplicara a todos por igual, pero eso, por supuesto, no es cierto. Muchas personas están hoy día en prisión –no solo despedidas de un cargo público– por mucho menos de lo que se acusa a los ministros de Vizcarra. Para ellos no funciona la presunción de inocencia sino la de culpabilidad.

Tampoco sirvió, por ejemplo, cuando Vizcarra despidió por Twitter al entonces ministro de Justicia, Salvador Heresi, a los pocos minutos de revelarse unas conversaciones inocuas que había mantenido con César Hinostroza. El asunto es, como se comprobó después, que Vizcarra necesitaba en ese ministerio a alguien más flexible –por no decir obsecuente– como Zeballos.

En el caso de , Rocío Barrios y Susana Vilca, Vizcarra, además de mostrar otra vez que utiliza la lucha anticorrupción en función de sus intereses políticos y no como una estricta norma de conducta, está desafiando abiertamente al nuevo Congreso, que tendrá que recibir al Gabinete para otorgarle –o no– el voto de confianza.

En el caso de Lozada hay una poderosa razón para que Vizcarra lo defienda. Cuando era jefe de Provías, Lozada le pagó irregularmente a Obrainsa, una empresa del ‘club de la construcción’ con una larga relación con Vizcarra, 13 millones de soles el 31 de diciembre del 2018.

El asunto es que Obrainsa, en sociedad con Odebrecht, construía una carretera en Islay, Arequipa. Cuando estalló el escándalo Lava Jato, Odebrecht salió del proyecto y Obrainsa quedó a cargo de la obra que está siendo investigada a paso de tortuga por la fiscalía provincial. Luego la empresa alegó que había tenido gastos adicionales que no estaban en el contrato original. La controversia fue a un tribunal arbitral. Pero ya con Vizcarra como presidente, Obrainsa desistió de la demanda y a los pocos días Lozada gentilmente le pagó los 13 millones, a pesar de que había informes legales que sustentaban que la empresa no tenía derecho a esa retribución.

Obrainsa tiene una larga relación con Vizcarra, que a través de su empresa constructora fue socio de ella desde el 2003. Luego, cuando fue gobernador de Moquegua, entregó una obra de irrigación por 81 millones de soles a Obrainsa que nunca funcionó. Y cuando fue ministro de Transportes, Obrainsa se adjudicó obras millonarias en ese sector. (“Expreso”, 26/2/20).

En suma, hay razones de peso que explican por qué Vizcarra defiende a Lozada, quien benefició a Obrainsa.

Pero la presunción de inocencia no se aplica en otros casos. Como señala César Romero, ahora el mecanismo es el siguiente: se detiene a alguien sin evidencia alguna. Luego los fiscales consiguen de otra persona, a la que también han detenido, una declaración que precisamente confirma la tesis de la fiscalía. Y, aunque no hay ninguna prueba que confirme lo que dijo el testigo o colaborador, el detenido va a la cárcel un largo período. Es el caso, dice Romero, de Yehude Simon y muchos otros (“La República”, 5/3/20). Obviamente, Simon debe ser investigado, al igual que Luis Castañeda y varios implicados en casos de corrupción, pero enviarlos a prisión no solo sin acusación ni juicio ni sentencia, sino sin evidencia, es una arbitrariedad que satisface a la turba y eleva la popularidad de Vizcarra, pero que contradice el principio de presunción de inocencia que el presidente y sus fiscales sí aplican a sus aliados y protegidos.

En esta última categoría están Ollanta Humala y Nadine Heredia. En su caso, hay muchísimas más pistas que los involucran en hechos de corrupción, no en uno sino en varios casos. Y no han seguido el camino de otros hoy día encarcelados. Es obvio que hasta ahora han tenido protección. Pero el círculo se va cerrando. La legión de funcionarios, intelectuales, políticos y periodistas que se beneficiaron en su gobierno y que hoy respaldan a Vizcarra, todavía los defienden, pero sus lealtades son flexibles y mudables. La fractura de la coalición vizcarrista podría estar cerca.