(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Fernando Cáceres Freyre

Director de Síntesis Consultoría

El 6 de noviembre, el congresista de Fuerza Popular Daniel Salaverry presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, , por no haber tomado acción contra las empresas consorciadas con Odebrecht. A los pocos días, la congresista Yeni Vilcatoma (¿ex fujimorista?) denunció por la misma razón al fiscal de la Nación ante el Consejo Nacional de la Magistratura. El impacto de estas acciones en el tablero político difícilmente pudo haber sido previsto por sus autores, mediatos e inmediatos, y tal parece que se convertirá en un punto de inflexión del en el Perú.

En solo un mes, los fiscales a cargo del Caso Lava Jato, José Domingo Pérez, Hamilton Castro y Germán Juárez Atoche, han logrado que el Poder Judicial dicte prisión preventiva a las cabezas de las empresas consorciadas, que autoricen el allanamiento de dos locales de Fuerza Popular por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht en la campaña del 2011, y también el allanamiento de las casas de dos presuntos falsos aportantes de ese partido. A su vez, han archivado las imputaciones por lavado de activos al ex jefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, a fin de que este se convierta en colaborador eficaz de la justicia peruana. Y esto recién empieza.

Lava Jato ha pasado de ser un partido jugado por el Congreso, el Ejecutivo y los poderes empresariales (en el que incluso uno de los jugadores actúa como juez y parte, ¿no es cierto congresista Bartra?) para convertirse en un cuadrangular en el que el interés público tiene más probabilidades de salir beneficiado (aunque debe tenerse cuidado de no cometer abusos que afecten derechos y vicien los procesos).

Muchos no están a gusto con el nuevo escenario. Por ello, ya han enfilado sus baterías contra la fiscalía y el Poder Judicial, acusándolos de proceder de manera parcializada, abusar de la prisión preventiva y hasta permitir que reine la impunidad por convertir a Barata en colaborador eficaz. El sistema judicial en nuestro país es débil y corrompible. Para que lo ocurrido se convierta en un punto de inflexión, jueces y fiscales deben ajustar la forma como se vienen relacionando con los medios y la sociedad. Legitimarse frente a la opinión pública es la única manera de evitar que se obstruya la justicia.

Ante todo, no deben confundir la necesidad de ser lo más transparente posible en cuanto a las pruebas actuadas –como se ha hecho en Brasil– con aceptar todas las entrevistas que les pidan –como viene ocurriendo acá–. El objetivo de los periodistas es conseguir un titular que avive el fuego, el de los jueces y fiscales es dar solo la información necesaria para legitimar su trabajo. Más conferencias. Menos entrevistas.

Luego, no se sigan revelando pruebas clave solo a través de uno o dos medios. Háganla pública en su sitio de Internet, para que todos los interesados puedan procesarla (y realizar trabajos complementarios de investigación). Una práctica que se puso en marcha en Brasil, y que evita que se generen dimes y diretes por la línea editorial del medio elegido. Si la información la publica solo “La República”, por ejemplo, el fujimorismo puede rápidamente acusar a la fiscalía de tener sesgos, y así.

Por último, amplíen el abanico de temas que priorizan, para ganarse a la población. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que la fiscalía termine la acusación del Caso Perseo, que permitiría calificar al Movadef como una organización terrorista? ¿Cuándo piensa el Poder Judicial entregar al Ministerio de Educación la base de datos de los profesores sentenciados por terrorismo y violencia sexual para separarlos de las escuelas?

Ajusten sus acciones y crecerá el cierrafilas en su favor.