Le corresponde prisión, por Federico Salazar

Le corresponde prisión. Cometió delito de plagio en forma agravada. La pena determinada por el Código Penal es de cuatro a ocho años.

En el caso de César Acuña no cabe esperar otro curso judicial. Ya se le abrió instrucción en vía sumaria. Como ha quedado en evidencia después de las revelaciones periodísticas, Acuña editó un libro de Otoniel Alvarado Oyarce como si fuera suyo. 

La historia de las ediciones de ese libro pone al descubierto un gradual proceso de usurpación. Hay plena intención de cometer el robo de los derechos de autor, hay planificación y cuidadosa ejecución del ilícito.

El profesor Alvarado publicó su libro en 1999. En el 2002, Acuña le ofrece publicarlo bajo el sello editorial de la universidad que dirige y de la que es propietario. Era, en realidad, una emboscada.

En una primera instancia, Acuña conservó el nombre del autor en la portada, pero se colocó a sí mismo como dueño de los derechos de reproducción (copyright). También se incluyó en las referencias del prólogo.

Luego, César Acuña mandó a hacer otra edición en la que figuraba como coautor del libro. En una subsiguiente edición, sacó de la portada al autor verdadero y colocó su nombre como único autor.

En el colmo de la impunidad, Acuña adulteró el prólogo del sacerdote Ricardo Morales, sacando las referencias al autor y poniendo ahí su propio nombre. Los hechos fueron revelados en una investigación de El Comercio.

Al momento de la comisión del delito, el Código Penal establecía de dos a ocho años de prisión efectiva (Artículo 219, modificado por el DL 822, de 1996). Sin embargo, preveía una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho si el agente de este delito tenía “la calidad de funcionario o servidor público” (Artículo 220, modificado por el DL 822, de 1996).

Acuña cometió de manera flagrante este delito cuando ejercía el cargo de congresista de la República (2001-2006).

Que se sepa, nadie ha ido a prisión por el delito de plagio, hasta el momento. Pero, que se sepa, nadie tampoco ha organizado una emboscada de asaltante para apropiarse de los derechos morales y patrimoniales de otra persona, como lo ha hecho César Acuña. 

No conocemos, además, el caso de algún otro funcionario del nivel de un congresista que haya sido procesado por este delito. Según la Constitución, los congresistas representan a la nación (art. 93). Figuran en la jerarquía de servidores públicos inmediatamente después del presidente de la República (art. 39).

Se trata, entonces, no solo de un servidor público, sino de un servidor público del más alto nivel. Y no se trata de la copia de un párrafo en que no se citó al autor. Se trata del robo de toda la obra. 

No es un descuido o una negligencia. Hay dolo, desprecio por el valor de la creación de otra persona y usurpación de su propiedad intelectual.

Un sujeto se mete a nuestra casa y con engaños nos saca de la misma. Va a Registros Públicos de noche, burlando la vigilancia, y cambia el nombre de la titularidad del bien. Ese sujeto, ¿qué delito ha cometido y qué pena merece?

Esa es la situación a la que tiene que enfrentarse César Acuña Peralta. 

Acuña tiene derecho a la presunción de su inocencia por el órgano jurisdiccional. La opinión pública, sin embargo, ha visto, como en una película, paso a paso, lo que fue el asalto al profesor Otoniel Alvarado. 

Podemos –y debemos– emitir un juicio sobre el hecho denunciado y sobre la calidad moral de quien es capaz de montar una tramoya para el asalto, el robo y la impunidad.

Eso tiene que parar.