Esta base de datos podría facilitar la identificación de los agresores. (Foto: Andina)
Esta base de datos podría facilitar la identificación de los agresores. (Foto: Andina)
Fernando Cáceres Freyre

Director de Síntesis Consultoría

Mi primera reacción al leer el hashtag #PerúPaísdeVioladores fue de indignación por una generalización que ataca nuestra identidad. Sin embargo, la data está ahí para quien quiera verla: el Perú es el tercer país con mayores niveles de contra la mujer en el mundo (OMS, 2013). Es terrible constatarlo. Y el caso de la bebe de dos meses violada por su padre debería ser suficiente para tomar acción.

No comparto la propuesta de instaurar la pena de muerte contra violadores de menores, recientemente hecha por Úrsula Letona y Karla Schaefer. No solo por la falta de evidencia que sustente que desincentiva a los agresores, sino porque supondría entregar más poder a un Poder Judicial en el que solo un tercio confía (Ipsos, 2017), y que es percibido como la institución más corrupta del país (Proética, 2017). El riesgo de juzgamientos equivocados, por error o corrupción, es la vida misma. No la cárcel.

Desde luego, no es posible que la violencia sexual reciba penas menos severas que las de un falsificador de billetes. Pero estos cambios en los niveles de penas no deben llevarnos a creer que incrementarlas es la solución. Nuestro sistema judicial adolece de un severo problema de gestión y aplicación de las normas.

Por ejemplo, desde el 2013, la Ley 29988 ordena la separación e inhabilitación de por vida para prestar servicios educativos, en cualquier nivel, a docentes y auxiliares sentenciados por aquellos delitos. Y en el caso de los procesados por estos delitos, se ordena que se les saque preventivamente del aula mientras duren los procesos.

Sin embargo, el sistema de justicia no tiene adecuadamente sistematizada la información necesaria para que las autoridades del sector Educación cumplan con separar e inhabilitar a los sentenciados por dichos delitos, en particular antes del 2014. De hecho, un sentenciado por estas faltas, una vez que deja la cárcel, podría pedir al Poder Judicial que se borre su delito para que no aparezca en el certificado de antecedentes penales. Así estamos.

En otras palabras, a menos que las unidades de gestión educativa local se hayan enterado por algún otro medio de la existencia de esta condena, puede darse el caso que ese antecedente ni siquiera aparezca en los antecedentes que se piden para incorporar personas a la carrera magisterial. Ni qué decir de los procesados, pues para saber quiénes están en esta situación habría que bucear entre todos los expedientes de los 33 distritos judiciales del país.

En Chile, a manera de letra escarlata, y tal como ocurre desde hace años en Estados Unidos, se ha decidido darle más poder a los padres de familia, a fin de que ellos vigilen que sus hijos no estén cerca de personas sentenciadas por determinados delitos. Así, se han creado registros de personas prohibidas de trabajar con menores de edad. No solo en el sector Educación. Con ello se ha trasladado a la propia sociedad el poder de vigilar que estas personas no estén cerca de sus hijos. Un mecanismo delicado, pues la información podría ser mal utilizada, pero que permitiría aplicar efectos como los hoy previstos en el sector Educación, y otro tipo de sanciones sociales.

Considerando la debilidad del sistema de justicia, y que implementar una discutible pena de muerte podría tardar años, bien haríamos en priorizar acciones que, en plazos breves, desincentiven a los agresores de menores. Ya sea poniendo la información de sentenciados y procesados a disposición de las autoridades correspondientes, o incluso abriendo la data a la propia sociedad civil. Tomemos acción efectiva.

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