(Foto: Andina)
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Carlos Meléndez

“Nunca te pelees con un periodista”, me aconsejó un amigo cuando empecé a hacer opinión pública. No le hice caso. Los fujimoristas tampoco hubieran seguido esa recomendación. Su largo y endurecido enfrentamiento con sectores de la prensa, así lo demuestra. ¿Se trata, como dicen sus detractores, de una congénita “vena autoritaria”?

Fuerza Popular (FP) no distingue entre establishment y régimen político; confusión que data de antaño, de cuando Alberto Fujimori intentó demoler a la “partidocracia” de los ochenta y se bajó a todo el régimen democrático. En la actualidad, no existe un orden partidario al cual impugnar. Los rivales de los fujimoristas, sus opositores en el Legislativo, son muy débiles; el Ejecutivo actual prefiere esquivar compromisos con el fujimorismo; no hay ninguna autoridad subnacional que sea oponente significativo para los naranjas. Las principales voces antagonistas a FP están, pues, en los medios de comunicación, incluso de manera institucional.

Tener de rival a la línea editorial de un diario o a la casta opinológica no es intrascendente. En tiempos sin partidos, y con la dinámica reproductiva de los social media, los periodistas se convierten en (de)formadores de opinión. Tienen el expertise para enmarcar noticias y las habilidades para estigmatizar (a cualquier voz independiente como “filofujimorista”) y demonizar. Asimismo, llevan la iniciativa en el posicionamiento de temas “relevantes” y cuentan con una inmensa capacidad de lobby, inclusive a nivel internacional. Son el gremio más influyente de nuestra “sociedad civil”.

Cierto sector de la prensa nacional ostenta una posición política (ya sea por razones ideológicas o mercantilistas) en contra de FP. Pero ello no es justificación –de ningún modo– para que los fujimoristas vulneren directa o indirectamente, individual o colectivamente, el principio de libertad de expresión. El fujimorismo ha de enfrentar a sus rivales sin quebrantar la institucionalidad, aunque sus opositores lo hagan (por ejemplo, la campaña para “cerrar el Congreso”). Las declaraciones del presidente del Congreso, Luis Galarreta, en contra de los “mermeleros” (sic), han sido un exabrupto de grandes costos políticos; el acoso a periodistas opositores por funcionarios del Legislativo –como Walter Jibaja– debería ser sancionado, además que trasluce una agresividad incontenible y machista (mi solidaridad con las afectadas). La iniciativa de eliminación de publicidad estatal en medios privados eleva significativamente la afrenta al afectar no solo a sus rivales, sino a todos los ciudadanos. Es un despropósito que vulnera libertades básicas democráticas.

FP ha hecho grandes esfuerzos para representar al mundo popular e informal del país. Por ello su responsabilidad es mayor, porque no debe guiar la representación de “los de abajo” y de los sectores conservadores por caminos enfrentados con los valores democráticos. Eso hizo Alberto Fujimori. Si bien algunos periodistas se amparan en la libertad de expresión como escudo de sus particulares intereses, FP no debe responderles desde la manipulación de instituciones estatales. Ha de saber situarse por encima de la trivialidad política y de saber encarnar cuestiones de Estado más allá de sus reyertas. Hasta ahora, siguen en deuda con el país.