Ley discriminatoria no es ley, por Federico Salazar

La ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados debe ser sometida a control constitucional. El Tribunal Constitucional resolverá si admite a trámite las demandas presentadas.

Hay quienes piensan que solo debe interesar a los medios que perderían ingresos por publicidad. Se equivocan, es mucho más que eso.

Con esta ley el Congreso le dice al Ejecutivo en qué no puede gastar. No puede gastar, dice la ley, en publicidad en los medios privados.

No se puede aceptar que el Congreso tenga ese poder sobre el Ejecutivo. No se puede aceptar que el Poder Legislativo gobierne en vez del Poder Ejecutivo.

Aceptar esta invasión de un poder sobre otro es romper el principio básico de la democracia. La separación de poderes es la piedra angular de este sistema de gobierno.

No basta que una “ley” sea legislada para que sea una ley de verdad. No puede ser ley imponer un impuesto a los que tienen ojos pardos. No lo sería aun cuando fuera aprobada por mayoría de 70 votos.

La prohibición publicitaria es una orden del Congreso al Ejecutivo. Tiene, supuestamente, la intención de evitar malos manejos de malos funcionarios.

Quien crea que muerto el perro se acaba la rabia, no sabe nada de epidemias. Si se trata de acabar con una epidemia de rabia canina, el caninicidio no es la mejor vía.

Con la publicidad estatal perversa sucede lo mismo. Hay que combatirla, fiscalizarla y sancionarla. Hay que extirpar a los corruptos del aparato estatal.

Si prohibimos la publicidad estatal en medios privados, ¿acabamos, acaso, con los corruptos que usan esa vía?

Es claro, entonces, que se trata de un disfraz. La ley no consigue acabar con los corruptos. Al contrario, impide ver dónde están.

Esta “ley”, en cambio, acaba con otras cosas. Acaba, por lo pronto, con la posibilidad del Ejecutivo de comunicar sus políticas o de dar instrucciones a la población. Condiciona a la población a tener acceso a las redes sociales para enterarse de las mismas.

Es una ley que le dice al ciudadano: para enterarte si hay una campaña de salud, por ejemplo, debes tener un celular o una tablet y abrir una cuenta en una red social, porque a partir de ahora el Estado se comunicará por esa vía.

El ciudadano detrás de la información, en vez del Estado llegando al ciudadano. El ciudadano asume los costos (de dinero y tiempo), en lugar de asumirlos el Estado.

Según el Congreso, el ciudadano debe procurarse, por sus propios medios, la información, por ejemplo, de un reparto de agua por un corte o de una campaña médica en su distrito.

¿Y el ciudadano que no tiene ni siquiera idea de qué es o cómo funciona una red social? Queda fuera del ámbito de los servicios estatales.

El Congreso estimula de esta manera una diferencia de clase entre los ciudadanos. Discrimina entre ciudadanos con distinto grado de instrucción relativo a las redes.

El Ejecutivo debe ajustar y revisar la regulación sobre la publicidad estatal. Poner condiciones y controles, sin embargo, es muy distinto a prohibir toda publicidad estatal en medios privados.

Cuando el Congreso legisla normas que no son leyes sino órdenes, debe intervenir el Tribunal Constitucional. Debe hacerlo con serenidad y doctrina, pero también con firmeza y severidad.

Los medios deben ajustar sus economías a la normativa de publicidad estatal. Y deben tener seguridad jurídica, si actúan conforme a ley.

Meter la mano al bolsillo de cualquier privado es amenazar su estabilidad y gestión. Cualquiera que, contra el derecho, pretende dañar a los medios, quiere dañar lo que esos medios transmiten: la información y la opinión independientes.

No es una medida directa contra la libertad de expresión. Como los más sutiles y sinuosos, es un atentado contra los medios materiales necesarios para ejercer ese derecho fundamental.

Tenemos que sacarle la máscara a este petardo antijurídico. No se trata de una buena intención. Se trata de obtener más poder, en desmedro del Ejecutivo, de los medios, de los ciudadanos y en desmedro de la Constitución.