Luces y sombras, por Luis Carranza

La implementación de los paquetes de medidas que se vienen anunciando desde la mitad de este año es el reconocimiento implícito de que la política implementada por este gobierno ha sido un rotundo fracaso. De allí la necesidad que tenía el gobierno de culpar a los factores externos de la desaceleración económica para no reconocer explícitamente que este modelo de privilegiar la inclusión social y olvidarse del crecimiento no funciona. 

Desde un punto de vista a largo plazo, los impuestos y los gastos deben ir adecuándose para avanzar lo más rápido posible en eficiencia y en equidad, sin perder la estabilidad. En la parte impositiva, nuestro sistema tributario tiene una serie de distorsiones que hay que ir arreglando en el tiempo conforme nuestra economía va haciéndose más robusta. Luego de la reducción significativa de los impuestos al comercio exterior, que ayudó a lograr más competencia en los mercados locales generando eficiencia e incentivando la inversión privada, lo que tocaba era la adecuación a la renta de las personas jurídicas. No solo la tasa es alta respecto a otros países, sino que tenemos un régimen de participación de trabajadores en las utilidades que eleva la carga fiscal a las utilidades entre 8% y 10% más. En términos de crecimiento a largo plazo, es mejor incentivar la reinversión de utilidades que incentivar el consumo por reducción de IGV. Además, existe una ganancia adicional en términos de menor vulnerabilidad, porque se generan incentivos para crecer con más capital en vez de deuda, reduciendo el nivel de apalancamiento del sector privado.

Ahora bien, es un error pensar que esto tendrá impacto en el corto plazo, pues la parte tributaria es solo uno de los aspectos que toman en cuenta las empresas para invertir y en general el panorama del 2015 no es muy halagüeño. Siendo una buena medida, se debió tener un esquema bastante más gradual, reduciendo un 0,5% por año, y más ambicioso, llegando al 20%, con el correspondiente incremento en la tasa de dividendos. Hacer un cambio brusco para tener impacto de corto plazo es un mal negocio, porque la inversión no reaccionará y la caída de ingresos nos llevará a reducir gastos o aumentar la deuda. 

Los intentos de mejorar la situación del mercado laboral son positivos, siendo más efectiva la flexibilidad para despedir que el régimen especial para jóvenes, pero veremos si existe el respaldo político para lograr su aprobación en el Congreso. Intentar una reforma laboral integral sería un acto suicida en las actuales circunstancias políticas que vive el país. 

Por otro lado, hemos visto algunas medidas que, de no corregirse, le pasarán factura al país en términos de crecimiento en los próximos años; por ejemplo, la reducción del drawback y el cambio en los convenios de estabilidad tributaria que se hizo en el primer paquete de reactivación. En el primer caso, estaríamos castigando el único mecanismo de promoción de exportación efectivo, aceptado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), y que ha permitido un fuerte impulso de nuestras exportaciones no tradicionales en momentos de apreciación cambiaria y competencia asiática con salarios bajos. En el segundo caso, la prueba ácida será si las nuevas inversiones mineras, además de todos los problemas e incertidumbres existentes en la legislación peruana, están dispuestas a invertir con el nuevo esquema, por más reducción de impuesto que se haga. 

Otra mala idea es no alinear rápidamente los precios de combustibles a los precios internacionales. Esta distorsión ha ido creciendo en el tiempo, desde agosto del 2013, por lo que los argumentos de los inventarios no son coherentes. Asimismo, tendremos que esperar otro paquete para ver el impulso a la inversión pública, que este año debería terminar en relación con el PBI por debajo del nivel alcanzado en el 2010. 

No solo es importante que se apruebe este paquete y se corrijan los errores, sino que se alcance un pacto político con las principales fuerzas del país para hacer que esto sea permanente. Este esfuerzo político debería ser liderado por el presidente Ollanta Humala y que además implique un compromiso de no seguir inflando los gastos corrientes recurrentes. Es muy fácil bajar impuestos al final, habiendo aumentado significativamente los gastos y dejando al siguiente gobierno el encargo de regresar al equilibrio fiscal. Esperemos que el presidente esté a la altura de las circunstancias que vive el país.