De los males, el menor; por Fernando Rospigliosi

Como era previsible, el presidente Martín Vizcarra volvió a golpear al Congreso en su mensaje del 28 de julio, pero su iniciativa sorprendió a todos, como la del año pasado. No obstante, pareciera que en esta ocasión el adelanto de elecciones generales al 2020 es la menos mala de las opciones posibles.

Una posibilidad era que Vizcarra intentara cerrar el Congreso y convocara nuevas elecciones parlamentarias –o peor aún, a una Constituyente– quedándose en el Gobierno hasta el 2021 y quizá intentando reelegirse. Eso hubiera provocado una crisis mayor y, por supuesto, abierto un período de incertidumbre y desorden.

En esta opción, hasta varios de los dóciles ministros habrían saltado del barco, por las altas probabilidades de que al cabo de algún tiempo fueran procesados y sentenciados.

Otra perspectiva poco halagüeña era la de seguir dos años con un gobierno inepto, incapaz de resolver los problemas básicos del país y en un permanente enfrentamiento con el Congreso, esta vez controlado por la mayoría opositora que, previsiblemente, tendrá un comportamiento mucho más belicoso que antes. Esto último por varias razones.

Primero, la oposición ha recuperado el control de la Mesa Directiva, que perdió desde hace un año cuando Daniel Salaverry se pasó al bando del Gobierno. Segundo, con el paso de los meses la mayor amenaza de Vizcarra, la disolución del Congreso, se va desvaneciendo, tanto por el desgaste –no la puede usar todos los días– como porque conforme se acerca la fecha de las elecciones generales se hace más improbable. Así, Vizcarra se iba a ir quedando sin municiones para disparar al Congreso, mientras este, sintiéndose más fuerte, iba a aporrearlo cada vez que pudiera.

En realidad, es falsa la versión del oficialismo que ha hecho creer a la opinión pública de que el Congreso ha sido un obstáculo para Vizcarra y es el responsable de la inutilidad de la acción gubernamental. Entre marzo y julio del 2018 el Congreso no entorpeció en nada la acción de un presidente que ellos habían ubicado en ese cargo. Y, durante el último año, Vizcarra los puso contra las cuerdas e hizo que aprobaran casi todo lo que él quiso. Pero esta situación iba a cambiar ahora.

Por último, cada día va quedando en evidencia la ineptitud de Vizcarra para gobernar. Su última desastrosa actuación en el sur, donde prácticamente ha liquidado el proyecto minero Tía María, que él había autorizado, dándole ánimos y bríos a los antimineros y radicales para seguir avanzando ante las muestras de su vergonzosa pusilanimidad, confirman su incapacidad para conducir el país. Las críticas en el último tiempo –aunque tímidas y alambicadas– de varios de los integrantes de la coalición vizcarrista que lo sustenta dan cuenta de eso.

En ese contexto, la opción del adelanto de elecciones es la menos mala para Vizcarra también.

La posibilidad de que el Congreso lo vaque está fuera de la realidad. Un Parlamento que es repudiado por la inmensa mayoría de la ciudadanía no puede destituir a un presidente que tiene entre el 40% y el 50% de aprobación –y quizá más después de su nueva iniciativa–, menos aún sin un motivo que entusiasme a la población, como fueron las acusaciones de corrupción y compra de votos contra Pedro Pablo Kuczynski.

Si el Congreso se resiste y se niega al adelanto de elecciones contrariando la expectativa popular ya creada por Vizcarra, está corriendo nuevamente un alto riesgo, no solo de un mayor desprestigio, sino de ser disuelto con cualquier pretexto seudolegal, lo que es indeseable.

Es evidente que la opción de adelantar las elecciones crea incertidumbre –que ya existía e iba a crecer en cualquiera de las otras opciones conforme se aproximara el 2021–, pero parece que es la menos mala. Mientras más la desafíe el Congreso, más caerá su respaldo y más crecerá el del presidente.

Otrosí digo. Dicho y hecho. El 16 de febrero publiqué en esta columna que “sería interesante saber si los fiscales que han viajado al Brasil preguntarán por la carretera Cuñumbuque-San José de Sisa, realizada en el marco de la Interoceánica Norte y ganada por Odebrecht en el 2008 con un presupuesto de ciento diez millones de soles, en el departamento de San Martín, cuando era gobernador regional César Villanueva y vicegobernador Julio Sagástegui Jáuregui”. (“¿Se harán las preguntas necesarias?”).

Pues bien, aunque parece que en esa ocasión los fiscales no preguntaron por esa obra, después de nuevas revelaciones llegadas del exterior, el equipo del fiscal Rafael Vela, en un documento que ha presentado al Ministerio de Justicia, señala que “Odebrecht ha reconocido que “hubo pagos con recursos no contabilizados [en dicha obra], admitiendo así responsabilidad penal por la ilicitud de dichos pagos”. (El Comercio, 1/8/19).