(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Francisco Miró Quesada Rada

Exdirector de El Comercio

En su último mensaje a la nación, el presidente le propuso al un adelanto de elecciones que, además, debía ser sometido a . Este es un planteamiento democrático y constitucional que no tiene nada de populista, pues le abre a la ciudadanía –que ha salido masivamente a las calles exigiendo el adelanto– una segunda oportunidad para pronunciarse sobre una situación política muy seria debido a que la crisis de representatividad que atravesamos ha tocado fondo. Ante esta crisis, los ciudadanos no podemos quedarnos al margen, sino que debemos participar mediante una consulta popular del futuro político del país.

Se ha dicho, también, que no deberíamos recurrir al referéndum, pues esta es una institución utilizada por los dictadores para manipular al pueblo y legitimar su régimen. A ello respondemos que así como hay referéndums dictatoriales (casos de , Augusto Pinochet y ), los hay también democráticos. Esto es así porque, en primer lugar, las consultas están reconocidas en la Constitución y, segundo, porque el sistema político en el que se celebran son democráticos. Son los casos, entre otros, del ‘’ en el Reino Unido, de la consulta celebrada en nuestro país el pasado 9 de diciembre por la reforma constitucional, o el referéndum francés sobre el proyecto de la Constitución Europea. Como se sabe, las dictaduras pueden recurrir a instituciones democráticas, pero las desvirtúan poniéndolas a su servicio. Ello, sin embargo, no quiere decir que estas instituciones sean autoritarias en sí mismas: todas tienen una raíz democrática.

Se ha dicho, asimismo, que el referéndum no es necesario porque de todas maneras el pueblo elegirá el adelanto de las elecciones. No obstante, no debemos confundir aquí una tendencia que se manifiesta en las encuestas con la libre expresión de la voluntad popular cuyo canal democrático y constitucional es el voto.

Por otro lado, se sostiene que no debería haber referéndum porque el costo de este sería mayor que su beneficio. Es decir, con su realización perderíamos más de lo que ganaríamos. Este argumento, de naturaleza economicista (y no necesariamente económico), reduce al referéndum –que es una de las formas jurídico-políticas de la libre expresión ciudadana– a una especie de producto sujeto a la compraventa y no, como debería ser, a un acto político democrático que no tiene precio, en la medida en que la libre voluntad no puede tasarse. Precisamente la política se corrompe cuando se busca comprar la voluntad popular, como hemos visto a lo largo de nuestra historia. ¿Acaso no es preferible que haya una democracia con el pueblo antes que una sin el pueblo en la que los ciudadanos votan pero no participan? Como sostuvo hace años el politólogo francés Maurice Duverger, hay una mentalidad elitista encubierta detrás de este argumento economicista de corte neoliberal que nace de la idea errónea de creer que los asuntos de gobierno son tan especializados que la ciudadanía no los va a comprender. Dicha premisa no advierte, precisamente, que los asuntos de gobierno son demasiado serios como para dejárselos a unos cuantos sabihondos.

Hay, sí, un problema de tiempo si la decisión de adelantar las elecciones a través de una consulta popular se dilata. Esta es la estrategia inmediata de los fujimoristas y su comparsa en el Congreso. Si la mayoría fujimorista y sus aliados insisten en sus acciones dilatorias al no querer incluir en la Carta Magna una cláusula adicional que indique que solo por esta vez se adelantarán las elecciones, puede cumplirse lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros, : “Por querer derrotar al adversario político, podemos terminar derrotando el futuro de nuestro país”.

Esperemos que esto no suceda.