El gran dilema, por Juan José Garrido Koechlin

Desde el mensaje de Fiestas Patrias, en el que estrenó una estrategia clara y definida frente a la amenaza que significaba la mayoría fujimorista en el Congreso, las decisiones y acciones del presidente Vizcarra han estado enmarcadas en un único objetivo: mantenerse en el poder. Esto es, permanecer a cargo del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas en su condición de presidente de la República. Si de prioridades se trata, la elección fue la correcta. De nada servía intentar gobernar si la cabeza pendía de un hilo.

En ese entonces, su popularidad bordeaba el 35%, no contaba con bancada propia, ni con operadores políticos o mediáticos de peso. La actitud de confrontación de aquel mensaje cambió radicalmente el panorama: para empezar, el presidente subió a su causa a propios y extraños, desde antifujimoristas acérrimos hasta sectores civiles ajenos a la pulla, pasando –por supuesto– por millones de ciudadanos hartos de las formas fujimoristas. Hoy, los resultados son evidentes: la popularidad del mandatario se asienta en un sólido 60% y la de su contendora, la señora Fujimori, se encuentra cerca de un dígito.

Priorizar la lucha por el poder fue, como dijimos, la elección correcta. Ahora se presenta un dilema, crucial dicho sea de paso, ante el mandatario: continuar en la misma etapa o pasar a una nueva: la de gobernar.

La decisión no es simple. La prisión preventiva de la lideresa fujimorista debilita la capacidad de acción política del partido, pero de ahí a creer que las amenazas no existen hay un largo trecho. Para empezar, está el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien ha sido muy claro al lanzar sus amenazas. Luego está, por supuesto, el fujimorismo y la capacidad de acción política y judicial con la que aún cuenta. Finalmente, están todos aquellos que preferirían un ‘reseteo’ electoral en medio de la crisis institucional que vivimos (algunos, con asamblea constituyente incluida).

El presidente Vizcarra debe sentirse tentado de permanecer enfocado en la batalla por el poder. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Es fácil concluir que no se pueden hacer las dos cosas en simultáneo: dicha lucha requiere de condiciones que se contraponen con las tareas habituales del mandatario en su rol de administrador; exige polarizar, confrontar, acuerdos excluyentes, entre otros. La saliencia mental que le dedique a la estrategia política es tiempo muerto cuando se trata de las labores propias del Ejecutivo. Y si su presencia en pueblos y eventos diera la sensación de que, en efecto, alguien está al mando de la nave, lo cierto es que sirve más al propósito de la cruzada en cuestión, ganando adeptos y consolidando posiciones.

Que el país requiere que el presidente Vizcarra retome la condición de administrador debería estar fuera de toda duda. Distintos hechos y señales así lo demuestran: la economía se enfría, nuestra competitividad pierde el paso, aumenta el riesgo ante una crisis externa, etc. Y no solo es el plano económico el que exige atención: la crisis institucional es sistémica (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la inseguridad ciudadana es alarmante, no se ven avances reales en la lucha contra la corrupción, la regionalización hace agua, y así podríamos seguir.

Deberá hilar muy fino el mandatario al elegir su camino. Su aprobación subió por la confrontación, pero podría desvanecerse por la falta de administración.