"El vacunado considera que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. No se entiende cómo". (Foto: Alessandro Currarino)
"El vacunado considera que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. No se entiende cómo". (Foto: Alessandro Currarino)
Federico Salazar

Periodista

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elude sus responsabilidades. Enfrenta a quien tiene mala imagen, a quien todos rechazan. “Si él es malo, yo soy bueno” es su estrategia.

El viernes pasado presentó una acción de amparo contra el proceso que podría inhabilitarlo políticamente por diez años.

El Congreso es el “malo” de la película (y en general sí lo es). Eso no hace bueno, sin embargo, a Martín Vizcarra, el vacunado. Después de todo, hay películas donde se enfrentan dos “malos”.

Vizcarra ha tenido mucho éxito en disfrazarse de víctima y de héroe. Ahora, ya muy pocos le pueden creer.

El expresidente se vacunó en secreto mientras morían miles de peruanos. Ya no era “el Perú primero”, sino “yo primero”.

Vizcarra mintió de manera flagrante sobre esa vacunación clandestina. Era una regalada por un laboratorio con el que se contrató antes que con ningún otro. “Yo, mi esposa y mi hermano primeros, el Perú después”.

El Congreso inició dos procesos, uno de juicio político y otro de antejuicio. El primero verá si hubo infracción a la Constitución en el caso de su inmoral vacunación. Están incluidas las exministras Pilar Mazetti y Elizabeth Astete.

La subcomisión de acusaciones constitucionales ya eligió un ponente. Si este convence a ese grupo, el caso pasa a la Comisión permanente y al pleno.

Hasta el momento ni la subcomisión ni ninguna otra instancia del Congreso ha tomado decisión sobre el caso. Vizcarra, sin embargo, ha interpuesto una acción de amparo.

No quiere que el Congreso siga el proceso recién iniciado.

Si se hacen las cosas de manera célere, ha dicho la presidenta del Congreso, “pero además respetando los principios del debido proceso para no vulnerarlos, entonces, … podríamos tener un resultado en tres meses.”

“¡Inhabilitación ‘express’!”, reclama Vizcarra. Tres meses le parece muy rápido.

Para desgracia de miles de familias él se demoró en traer pruebas moleculares y vacunas contra el . ¡Quizá por eso cree que tres meses es demasiado rápido!

Se daría “inhabilitación ‘express’” si los congresistas se saltaran pasos e instancias. Se daría, si inventan “evidencia” rápidamente.

¡La prueba es Vizcarra vacunándose! ¿De qué tendría que ampararse Vizcarra, entonces?

El vacunado considera que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. No se entiende cómo. ¿Acaso hay ya una resolución? ¿Acaso no han elegido, recién, a un ponente?

El vacunado expresidente cree que en los documentos de la investigación se presume la infracción constitucional. Como si, en el ámbito penal, un fiscal no pudiera acusar a alguien de haber cometido un delito porque ¡debe presumirlo inocente!

Dos ministras, viceministros y funcionarios fueron separados del cargo debido a lo mismo.

Salido de la función pública por “incapacidad moral permanente”, Vizcarra no ha recibido ninguna sanción administrativa o política por la barbaridad que hizo.

La inhabilitación es poca sanción para el tamaño de la ofensa que ha ocasionado al país y a las familias de los más de 100 mil fallecidos por COVID-19.

Es inadmisible que el expresidente pretenda obtener una acción de amparo para eludir, una vez más, su responsabilidad.

Ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial deben amparar al vacunado. No deben convertirse en elenco de una de las más grandes vergüenzas del país.