Medicinas que matan, por Janice Seinfeld

El mercado de medicamentos ilegales en el Perú mueve alrededor de 200 millones de dólares al año. Este monto equivale al 13% del mercado farmacéutico nacional, valorizado en unos 1.500 millones de dólares, aproximadamente. Esta es una de las conclusiones a las que arribamos en Videnza Consultores tras un estudio encargado por la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (Anacab).

La Organización Mundial de la Salud (2017) calcula en 30.000 millones de dólares el costo directo de lo que deja de circular en el sector formal y que es reemplazado por esta oferta riesgosa. Pero Sachiko Ozawa, profesora asociada de la Facultad de Farmacia Eshelman de la Universidad de Carolina del Norte, dirigió una investigación sobre el impacto de los medicamentos falsos en el mundo y determinó que su efecto es mucho mayor: de hasta 200.000 millones de dólares. Esto sin contar que, al ser productos que pueden ser ineficaces o incluso dañinos, son una amenaza para la salud pública.

Los medicamentos ilegales son aquellos falsificados, adulterados, robados, de contrabando o que provienen de la venta de muestras médicas. El escenario es complejo porque, como la ilegalidad opera en toda la cadena de producción y comercialización, en una farmacia pueden coexistir productos legales e ilegales. De hecho, el 55,1% de medicinas ilegales reportadas ante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) proviene de establecimientos farmacéuticos, como farmacias, boticas, distribuidoras y laboratorios.

Tenemos 27 millones de asegurados en el sistema de salud público peruano. Pero la brecha no resuelta entre la oferta de medicinas existentes en sus farmacias y la demanda de los afiliados a Essalud o al Seguro Integral de Salud (SIS) hace que los pacientes deban acudir a otros establecimientos –incluso lugares informales– donde pueden terminar adquiriendo productos adulterados. De hecho, el 57% de quienes reciben receta al momento de su consulta compra los medicamentos en boticas o farmacias privadas. Esto porque en el 70% de los casos el establecimiento público carece de los medicamentos prescritos. En consecuencia, el desempeño del sistema de suministro público básicamente pone en bandeja las necesidades de las personas como oportunidad para el mercado ilegal.

Muchos son los actores involucrados en combatir la venta de medicamentos ilegales hoy: la Digemid, el Indecopi, las municipalidades, el Instituto Nacional de Salud, la Sunat, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, los gremios empresariales y farmacéuticos, y los mismos profesionales de la salud. Todos y ninguno, al final del día. Además, la Digemid viene siendo reestructurada (aplausos para la ministra) por su demora en evaluar y emitir registros sanitarios de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, pues tiene acumulados más de 12.000 expedientes a la espera de su ingreso al país.

Salir de este entrampamiento pasa, necesariamente, por definir una entidad que sea “dueña del proceso” y que desarrolle acciones estratégicas transversales contra la oferta de medicamentos ilegales de un modo vinculante. Entre ellas: implementar un sistema de trazabilidad desde la producción y adquisición de insumos hasta la entrega del producto terminado. Una oportunidad interesante se abre con la masificación de las facturas electrónicas exigidas por la Sunat, pues se podría emplear un algoritmo para identificar discordancias en la información de los administrados.

El Ministerio de Salud (Minsa) debe fomentar alianzas con el sector privado para expandir la oferta formal y mejorar el acceso de medicamentos en todo el país, incluyendo los genéricos. Las Farmacias Inclusivas que el Minsa fomentó hace unos años son una primera estrategia. Aunque necesitan repensarse para una adecuada y ágil implementación, son un paso que se podría dar rápidamente.

Los medicamentos ilegales incrementan la morbilidad y mortalidad de la población, generan resistencia a los antimicrobianos y disminuyen la confianza en el sistema de salud. En términos económicos, producen pérdida de empleo y de ventas, menor desarrollo de tratamientos y, por ende, disminuyen el PBI nacional. También reducen la productividad laboral, incrementan las actividades criminales, alientan la corrupción, y derivan en una menor movilidad social por enfermedad o muerte. Finalmente, las personas terminamos usando medicamentos inservibles y requiriendo exámenes o tratamientos adicionales.

La problemática de los medicamentos ilegales debe abordarse cuanto antes y con toda la seriedad que demanda. Tenemos la receta. Ahora toca aplicarla.