El movimiento que sigue, por César Azabache
El movimiento que sigue, por César Azabache

Hoy es un día clave en la historia del caso contra Odebrecht. La compañía condujo hasta hoy el gasoducto del sur, un proyecto de energía tan importante que su continuidad merece ser considerada como un asunto de interés público. El proyecto, en el que ya se invirtieron aproximadamente US$1.500 millones, constituye la llave de la seguridad energética del país. Sin el gasoducto (el ejemplo es usual entre expertos), una falla mayor del único ducto ahora en operaciones produciría pérdidas por US$3.250 millones en solo 5 días. Que se revierta la concesión genera un año y medio de retraso en los problemas que el gasoducto está llamado a resolver. Y esto, en pleno intento de reactivación, es demasiado. 

El proyecto se está cayendo porque Odebrecht controla el 55% de la concesión y ningún banco serio ni el Ejecutivo, por cierto, quieren respaldar financieramente la posición de quien basó la expansión de sus negocios en sobornos. La clave para resolver el impasse está en que Odebrecht salga de la concesión. En lo que va del año el Ejecutivo ha intentado promover la salida de la empresa usando los mecanismos establecidos en el propio contrato, sin éxito. El modelo de intervención en el impasse basado en el contrato de concesión ha fracasado. 

Hoy, mientras la fiscalía confirma su efectividad mostrando las dos primeras órdenes de detención que ha obtenido, el Ejecutivo tiene que elegir entre asumir las pérdidas que representa la reversión de la concesión del gasoducto o intervenir en el proceso para salvarlo, con un esquema distinto al que acaba de colapsar.

En las condiciones actuales la concesión solo puede ser salvada si el propio Ejecutivo emplea las atribuciones excepcionales de intervención en protección de intereses públicos que posee para reemplazar a Odebrecht, temporalmente en el manejo de la concesión. Por cierto, el Estado no debe compensar a la empresa por esto, y solo debe mantenerse al frente del gasoducto por el tiempo necesario para obtener el financiamiento que el proyecto necesita. 

Y ya que Odebrecht ha ofrecido cooperar con las autoridades, el Estado está en posición de emplazarla públicamente para exigirle que admita pacíficamente esta intervención sin reclamos. La cesión puede organizarse de manera que se justifique con cargo a la liquidación final de la reparación que la empresa deberá pagar al Estado por los daños que ha causado. Encuentro que Odebrecht no está en condiciones de negarse públicamente a esto. Pero si se negara, entonces todos deberemos entender que la cooperación que ha ofrecido públicamente a las autoridades incluye limitaciones frente a las que habrá que proceder judicialmente.

Si no hubiera un acuerdo que permita organizar esta intervención pacíficamente, el Ejecutivo tendría que usar un decreto de urgencia para obtener el mismo resultado mientras demanda que un juez ordene que Odebrecht pierda el dominio que ahora tiene sobre todas las posiciones contractuales que adquirió entre los años 2005 y 2014. Adicionalmente el Estado puede demandar la anulación judicial de todas las transferencias efectuadas por la empresa después de febrero del 2016, fecha en la que se difundieron los pagos hechos por la empresa a favor del “proyecto OH” en el Perú. 

Lanzado el caso sobre la anulación de transferencias y sobre la pérdida de dominio, la intervención puede ser homologada por el juez que quede a cargo de ese pedido. 

Y los hechos que justifican la medida son simples: además de la confesión pública de Odebrecht, la empresa anunció a mediados del año pasado que vendería la Hidroeléctrica de Chaglla. Además ha vendido parte de sus derechos sobre Rutas de Lima. Tiene pendiente de aprobación ante el gobierno de Lambayeque la transferencia de sus derechos sobre el proyecto Olmos y sus derechos sobre el gasoducto del sur son la causa que ha puesto en riesgo la viabilidad financiera del proyecto.  

Además tenemos ya una medición de los daños producidos por los sobornos: US$286 millones si empleamos la regla usada para el Brasil (el doble de las ganancias reconocidas en la plaza) o US$314 millones si seguimos la última estimación efectuada por la contraloría.      

La detención de Luyo Barrientos y el allanamiento de la casa de Jorge Cuba confirman que la mesa de negociaciones abierta por la fiscalía funciona. Pues bien, ahora es necesario que esa mesa permita resolver los problemas patrimoniales originados por esta historia. En caso contrario, la única opción disponible exige que el Ejecutivo use de manera equilibrada sus atribuciones más extremas. 

No existe opción distinta. 

(*) La firma de abogados que dirige el autor del artículo concluyó su relación con la empresa Odebrecht en febrero del 2016, cuando se difundieron las relaciones de la constructora con el llamado 'proyecto OH'. No tuvo relación con la empresa durante los años en que se la investiga.