Notables reformas, por Fernando Rospigliosi

La reforma judicial se aprobó en el Congreso con la rapidez y los plazos perentorios que impuso el gobierno, después de que una comisión de notables designada por el presidente Martín Vizcarra elaborara las propuestas. Se acaba de demostrar sus enormes carencias después del fracaso del concurso público. A pesar de lo cual, ahora Vizcarra quiere imponer la reforma política en los plazos que él quiere y tal como la diseñó otra comisión de notables que él nombró.

La comisión de reforma política propuso una docena de propuestas sobre temas importantes, algunas de ellas atendibles y otras discutibles y de implicancias peligrosas. (Ver por ejemplo “Luces y sombras de la reforma política”, Ignazio de Ferrari, El Comercio, 12/4/19). Pero de todas ellas, al presidente solo parece importarle una, la que limita la inmunidad congresal poniéndola en manos del Poder Judicial. Esa modificación entraría en vigencia para el nuevo Congreso elegido en el 2021.

¿Por qué esa es la reforma más importante, la que amerita la presencia del presidente de la República en el Congreso para hacerle un desplante a la comisión que iba a discutir los cambios con los ministros representantes del gobierno? La razón es sencilla, quitarles algo a los aborrecidos congresistas será siempre popular y respaldado por la inmensa mayoría de la población. Ya sea la posibilidad de reelección, el sueldo, la inmunidad o cualquier otra cosa que se les mutile o suprima, recibirá el aplauso popular.

Vizcarra ha usado varias veces, como pretexto para cuestionar la inmunidad, el caso de Edwin Donayre, sentenciado por el robo de gasolina en el Ejército. Es verdad que el Congreso, por las típicas complicidades e intercambio de favores que manchan reiteradamente su desempeño, demoró varios meses el levantamiento de la inmunidad. Pero su fuga no es, como ha señalado falsamente Vizcarra, responsabilidad del Congreso. Si tenía la intención de escaparse, igual lo hubiera hecho antes, si lo despojaban de la protección legal luego de la sentencia en primera instancia.

En realidad, todo indica que a Vizcarra le importa muy poco la reforma política que ni siquiera parece entender. (Ver “La reforma que nunca fue”, María Alejandra Campos, El Comercio, 23/5/19). Lo único que en verdad le interesa es su popularidad, que no cesa de caer desde enero, básicamente por el mal desempeño de su gobierno. Y, mostrando poca imaginación, recurre una y otra vez a la misma treta que le dio muy buen resultado el año pasado: atacar al Congreso.

Son muy pocos los que están interesados en la reforma política y conocen de ella; el 30% está enterado de que el gobierno ha presentado la propuesta al Congreso, según la última encuesta de Ipsos. Conocer es un decir, porque si se hicieran preguntas precisas, probablemente solo una ínfima minoría sabría de qué se trata realmente. Pero eso no le importa al presidente, como no le importó empeorar el sistema político haciendo aprobar el muy popular impedimento de reelección parlamentaria.

Lo que le interesa, como es obvio, es frenar su caída en las encuestas y volver a subir, como ocurrió desde agosto a diciembre del año pasado. Y, como he dicho muchas veces en esta columna, es consciente de que no puede hacerlo mejorando su gestión porque para eso tendría que conseguir un equipo de gente capaz, honesta y con liderazgo en diferentes ámbitos. Ese tipo de personas limitarían su poder –no ejecutarían lo que se les ordene ni estarían dispuestos a tolerar cualquier arbitrariedad para conservar el puesto– y le harían sombra. Así es que prefiere continuar con un conjunto de personas de mediocre desempeño.

También la contienda le sirve a Vizcarra para desviar la atención y evitar que se cuestione su pobre gestión.

El resultado es que el nuevo conflicto fabricado por el gobierno está contribuyendo a perpetuar el clima de incertidumbre que paraliza las inversiones y el crecimiento.

Otrosí digo. La resolución del 13 de mayo de un tribunal español aceptando la extradición de César Hinostroza pero denegándola por el presunto delito de ser el cabecilla de una organización criminal demuestra que el tinglado levantado por algunos policías y fiscales, y usado políticamente por la coalición vizcarrista, tiene pies de barro. El fallo desbarata los argumentos del pedido de extradición diciendo, por ejemplo, que “no parece que tales notas identifiquen a una organización criminal” o “las imputaciones generales no se basan en hecho alguno”. En realidad, todo indica que los denominados “cuellos blancos” son más bien parte de una red de corrupción y no una organización criminal. Este parece que fue un típico invento policial –de la Diviac, en este caso–, asumido sin análisis ni criterio por algunas fiscales poco competentes, transformadas –eso sí– en heroínas de la lucha anticorrupción por el vizcarrismo.