Negando lo innegable, por Fernando Rospigliosi

Todos los políticos han coincidido en negar lo obvio, que recibieron dinero de Odebrecht para sus campañas electorales, según ha confirmado Jorge Barata en sus últimas declaraciones. Esto que es muy común en el Perú, no es igual en los países desarrollados donde, cuando atrapan a un político con las manos en la masa, este suele reconocer su error o delito, pedir disculpas públicas, renunciar al cargo si fuera el caso, y tratar de aminorar su pena si está sujeto a sanciones judiciales. 

No es que allá los políticos sean más honestos que acá, es que sus sistemas judiciales y políticos funcionan mejor, y si los pillan en falta suelen ser sancionados. También las penalidades, tanto judiciales como políticas, son usualmente atenuadas por una confesión. 

En el Perú los políticos están acostumbrados a la impunidad, por eso engañan sistemáticamente y sin avergonzarse. Con un sistema judicial plagado de ineficiencia y corrupción, prefieren mentir descaradamente a autoincriminarse, porque saben que las posibilidades de sanción penal son bajas. 

En el escenario político y electoral, las probabilidades de recibir su merecido son menores aún. Ejemplos sobran en el Congreso, cuando parlamentarios que han cometido faltas y delitos no reciben penalidad alguna porque son protegidos por sus conmilitones y hasta por sus adversarios, por aquello de que otorongo no come otorongo, es decir, porque se desarrolla un sistema de complicidades en el que se protegen mutuamente porque son muchos los transgresores. O el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que a pesar de las evidencias en su contra logró superar el pedido de vacancia canjeándolo por el indulto a Alberto Fujimori. 

Tampoco los votantes tienen demasiadas posibilidades de castigar a los políticos, porque al final el abanico de los elegibles muestra características similares. Por eso muchas veces se inclinan por el que roba pero hace obra. Y cuando aparece uno nuevo, sin una trayectoria manchada por la corrupción y el escándalo, por lo general resulta que es igual o peor que los anteriores. Esa es la realidad de la política peruana de las últimas décadas. 

Las declaraciones de Barata –y antes las de Marcelo Odebrecht– son creíbles, porque si mienten ante los fiscales brasileños irían a la cárcel, cosa que por supuesto quieren evitar. ¿Y qué ganaría Barata mintiendo sobre los aportes clandestinos a las campañas electorales? ¿Por qué tendría que inventar cifras, personas y circunstancias? 

Las respuestas de los candidatos beneficiados con los aportes ilegales de Odebrecht son absurdas. Todos dicen que ellos no recibieron en sus manos los billetes, cosa por lo demás obvia, porque en todos los casos que se conocen, los receptores fueron intermediarios muy cercanos al candidato: Nadine Heredia a Ollanta Humala, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya a Keiko Fujimori, Susana de la Puente a PPK, Avi Dan On a Alejandro Toledo, etc. 

Es imposible también que los candidatos no supieran de esos aportes y los montos involucrados. Creer eso sería como pensar que existía una muralla china entre PPK y su socio y amigo Gerardo Sepúlveda, cuando Westfield y First Capital hacían negocios con Odebrecht siendo ministro el primero, o que Toledo no sabía de los depósitos que recibía Josef Maiman en sus cuentas. Cientos de miles de dólares no pasan inadvertidos en una campaña, por lo menos una parte tiene que ser blanqueada mediante aportantes fantasmas, y el candidato, que es a la vez el jefe, decide en qué se usan los fondos. 

Ahora todos los involucrados exigen pruebas tangibles, a sabiendas de que es difícil demostrarlo porque fue dinero en efectivo. No obstante, sí es posible que se puedan probar las entregas ilegales accediendo a las cuentas de la caja 2 de Odebrecht, usada para pagar sobornos y financiar campañas. Allí deben aparecer los montos, los destinatarios y las fechas. 

Otro camino es siguiendo el uso de ese dinero para fines particulares, que parece ser el caso de Humala y Heredia, que ya desde la campaña del 2006 mostraron una prosperidad que no correspondía a sus modestos ingresos legales. Allí las investigaciones por lavado de activos también pueden obtener resultados. 

En síntesis, las declaraciones de Barata han agregado detalles a lo que ya se sabía o sospechaba, y son completamente verosímiles. De hecho, se han confirmado en el caso de la Confiep que al parecer tenía registros de su intervención en la campaña del 2011 y no podía negarlo. Así, las descaradas mentiras de los políticos no convencerán a nadie y más bien contribuirán a su desprestigio.