Parodia de sentencia, por Hugo Guerra
Parodia de sentencia, por Hugo Guerra
Hugo Guerra

Es increíble que la sociedad civil, los líderes de opinión, los partidos democráticos y la prensa no tengan una reacción más enérgica en el caso de la aparente corrupción de .

Se está dejando pasar, por ejemplo, una sentencia judicial de la Sexta Sala Penal de la Corte Superior, la cual ordena archivar definitivamente la investigación fiscal que se le seguía por presunto lavado de activos, incluidos los períodos que van del 2005 al 2009, y de entonces a la fecha. Eso es absolutamente inaceptable. 

Primero, el proceso seguido es el de un , acción que solo se debe utilizar para impedir una amenaza a la libertad, cuando lo que correspondía era una acción de amparo si se reclamaba una supuesta afectación al debido proceso.

Segundo, esa distorsión es de fondo, pues se está utilizando el recurso para impedir que el Ministerio Público investigue a una ciudadana (que no tiene ninguna prerrogativa especial), con lo cual se afecta la función fiscal prescrita en la Constitución.

Tercero, se obstaculiza el esclarecimiento de la verdad de los hechos imputados (desde la aparente receptación y desvío de fondos chavistas para la campaña del nacionalismo, hasta defraudación tributaria), cuando la fiscalía estaba investigando hechos nuevos y posteriores al 2009. 

Cuarto, se desnaturaliza el principio de elasticidad del proceso constitucional, porque los magistrados se abocan a hechos que no estaban incluidos en la indebida demanda de hábeas corpus.

Frente a esto, corresponde que la fiscalía actúe de inmediato en dos sentidos: por un lado, debe interponer un recurso de agravio constitucional urgente para invalidar, ante el Tribunal Constitucional, tan írrita resolución; y, en paralelo, debe también iniciar de oficio, o a instancia de la procuraduría, una nueva investigación por presunto lavado de activos, defraudación tributaria, desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito a partir del conocimiento de las supuestas agendas o libretas de la señora Heredia. 

El hecho de que estas hayan sido proporcionadas a la prensa por un personaje controvertido del propio nacionalismo () no las invalida ni las convierte en prueba prohibida, salvo que la propia Nadine se someta a peritaje grafotécnico y que se pudiese demostrar contaminación, adulteración o falsificación. Por eso, ha hecho bien la procuradora Julia Príncipe en remitir estos documentos a la fiscalía. Pienso que si se demostrara la veracidad de los datos que contienen los documentos, la responsabilidad penal y política alcanzaría incluso a Ollanta Humala.

Entre tanto, en el plano político, judicialmente se ha refrendado el derecho y la buena conducción de la comisión investigadora sobre Martín Belaunde Lossio. Con eso está libre el camino para que se le ofrezcan al país conclusiones que, esperamos, develen la verdad sobre los alcances de la corrupción en el entorno gubernamental.

En cuanto al plano ético, es clarísimo que Nadine Heredia y su extraña forma de financiar su nuevo y glamoroso tren de vida han convertido a este gobierno en una burda caricatura de su propuesta inicial. La traición a sus principios renovadores de la política nacional es ya incuestionable y, desde la izquierda y la derecha, se ve con desprecio al humalismo.