(Ilustración: Rolando Pinillos Romero)
(Ilustración: Rolando Pinillos Romero)
Percy Medina

Como no había ocurrido en muchos años, al inicio de este período parlamentario, se alcanzó una amplia coincidencia sobre la necesidad y urgencia de una reforma electoral. Entonces la discusión y aprobación de modificaciones a la legislación sobre elecciones y partidos parecía inminente. Lamentablemente, un año después, el balance nos muestra que se ha avanzado muy poco.

En estos doce meses no se ha aprobado ni una sola reforma legal aunque, para mirar el vaso medio lleno, hay que destacar algunos avances en la discusión. En primer lugar, la Comisión de Constitución creó un grupo multipartidario de trabajo, presidido por , que presentó un informe con propuestas de reforma integral en forma de un código electoral. Este es el mayor logro del Congreso en esta materia en la última década.

Aunque la Comisión de Constitución decidió no abordar integralmente la reforma, sí logró identificar ocho temas relevantes para ser discutidos de manera prioritaria. Estos son: cronograma electoral, prohibición de modificar normas electorales, financiamiento de la política, prohibición de entrega de dádivas, impedimentos para candidaturas, cuotas de género y de pueblos originarios, elecciones internas e incentivos para los miembros de mesa. Sobre los dos primeros puntos, la comisión aprobó dictámenes que ya están listos para ser discutidos en el pleno.

Aunque ninguno de estos dos temas aborda los aspectos más importantes y complejos de la reforma, su aprobación sería un avance significativo. En el caso del cronograma electoral, los plazos se amplían para permitir una mejor organización del proceso. La convocatoria se adelanta a los 270 días previos a la elección y tanto la inscripción de candidatos como su selección se realizan en plazos razonables. Este nuevo cronograma permitiría una mejor verificación del padrón de electores y una mejor fiscalización de los candidatos por las autoridades, los medios y la ciudadanía. Un bono adicional de esta reforma es que permite que quienes cumplen años entre el cierre del padrón y el día de la elección puedan votar. En el caso de la prohibición de modificación tardía de normas electorales, se apunta a garantizar la estabilidad y seguridad jurídica desde un año antes del día de las elecciones.

En materia de financiamiento –el próximo tema que se abordaría en la comisión– hay declaraciones coincidentes en los objetivos, aunque aún no en los mecanismos por implementarse. De las presentaciones de los secretarios generales de los partidos en la Comisión de Constitución se desprende que habría coincidencias en buscar una mayor transparencia en los aportes, en proteger la política del financiamiento ilegal, en discutir un mejor uso del financiamiento público en campañas y en el establecimiento de sanciones razonables a los responsables de los incumplimientos.

Estos cuatro objetivos, sin duda interrelacionados, podrían ser un buen punto de partida para aterrizar en medidas concretas. Sin embargo, aquí empiezan los problemas, pues aún no se han dado los consensos alrededor de las medidas que serían idóneas para alcanzar estos objetivos. Empiezan a ganar adeptos algunas ideas, importantes pero aún insuficientes, que incluyen incrementar el tope para donaciones de 60 a 200 UIT, la obligación de bancarizar los aportes que superen una UIT y la designación de un responsable de la rendición de cuentas que esté sujeto a sanciones.

En el caso de la prohibición de entrega de dádivas hay consenso en que la norma vigente debe ser modificada urgentemente para evitar los estragos que generó en la última elección. No hay consenso aún en los alcances del cambio a realizar, pero debería haberlo en la necesidad de desincentivar seriamente estas prácticas y en sancionarlas de manera gradual y proporcional.

En materia de democracia interna es donde parece más difícil llegar a acuerdos. Algunos proponen que las elecciones internas las desarrollen los organismos electorales bajo la modalidad de un militante un voto. Esta fórmula es duramente resistida por muchas agrupaciones y no parece fácil encontrar un punto de coincidencia.
Sería ideal decir que una reforma compleja como la electoral debe realizarse sin prisa, pero sin pausa. Con las próximas elecciones a la vuelta de la esquina, el Congreso debiera abordar este tema sin pausa y con mucha prisa.