Después de mí, el diluvio; por Javier Díaz Albertini

Pedro Chávarry está lejos de ser la primera autoridad pública en darle poca importancia a las consecuencias de su comportamiento sobre la estabilidad política y emocional de una nación. Como muestra, he titulado esta columna con la expresión atribuida a Luis XV y su aparente despreocupación por lo que ocurriría una vez finalizado su reinado y las nefastas consecuencias que pagaría el pueblo francés.

La práctica y el sentimiento de que nos importa un comino lo que pueda suceder se ha convertido en una costumbre perniciosa y perversa. Alan García nos dejó un país paupérrimo colmado de podredumbre y luego solo se limitó a reconocer que cometió “errores de juventud”. Errores que pagaron millones de peruanos y que produjo una generación perdida gracias a la desnutrición, el desempleo y subempleo, la pésima educación y peores servicios de salud. Alberto Fujimori nos dejó sin instituciones ni ética, con un forado de recursos que bien pudieron ser utilizados en políticas sociales y una población complaciente viviendo un pragmatismo inmoral campante. En el colmo del desprecio a nuestras instituciones, renunció cobardemente a distancia y años después solo se dignó a pedir perdón por “defraudar a algunos” compatriotas. No fueron algunos, nos embaucó a casi todos con el hurto de miles de millones e incontables violaciones a los derechos humanos.

En los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, se aprovecharon del crecimiento económico y del credo reinante del “dejar hacer” para desviar fondos hacia fines inapropiados. Entregaron los recursos del Estado a intereses privados e, inclusive, crearon normativas específicas para beneficiarlos. Recibieron sin discriminar orígenes, total “money is money”, y la plata llegó “sola” de corporaciones nacionales y transnacionales, sectores informales, traficantes de toda índole (drogas, terrenos, personas), contrabandistas, cocaleros o mineros ilegales, sea para engrosar bolsillos propios, de sus partidarios o de sus redes corruptas. ¡Qué falta de capacidad ha tenido nuestro sistema político y la ciudadanía para sancionar y extirpar tanta sanguijuela!

La brevedad de esta columna no me permite explayarme sobre las miserias de los otros poderes de Estado y su nula preocupación por el bienestar de los peruanos. Pero algo tengo que decir. Salvo dignas excepciones, muchos de nuestros congresistas representan a los sectores menos cívicos de la República: ‘robacable’, ‘comeoro’, ‘mataperro’, “por Dios y por la plata”, plagiadores, estafadores, falsificadores, comechados y vinculados a la prostitución. Sin voluntad y criterio propio reciben –además– instrucciones de ‘mototaxis’ y ‘boticas’ para cometer barbaridades. El partido con mayoría en el Congreso ha dedicado la mitad de su período, primero, a vengarse de su bochornosa derrota en la segunda vuelta, luego, a blindar a lo peorcito de nuestra escena pública y, por último, a legislar con nombre y apellido propio. Sobre el Poder Judicial solo me queda decir que por años ha sido considerada la institución más corrupta y menos confiable por los peruanos.

¿Cuándo nos daremos cuenta de que las reglas de juego del sistema democrático deben plasmarse en instituciones sólidas que las viabilizan, promuevan y defiendan? Solo así evitaremos la facilidad con la que individuos de toda calaña se apropian de nuestros poderes de Estado. Hace más de tres décadas, escribí que “[U]n sistema político es institucionalizado cuando presenta medios más o menos regulados de ejercicio del poder, toma de decisiones y participación de los miembros de la sociedad en cuestión”. Por definición, la institucionalización es opuesta a la personalización porque la primera refleja regularidad, transparencia, formalidad y predictibilidad. Mientras que la segunda responde a capricho, opacidad, informalidad y eventualidad.

Veo con preocupación que –más allá del repudio que genera Chávarry y de la simpatía y respaldo que reciben los fiscales Pérez y Vela– corramos el peligro de seguir personalizando la lucha a favor de la justicia y en contra de la corrupción. La reposición del equipo especial Lava Jato y la salida del fiscal de la Nación solo nos dan un respiro, una salida temporal a una crisis institucional. La meta en el futuro, sin embargo, es que todos los fiscales hagan tan bien su trabajo que ni lleguen a ser noticia. Es decir, que cumplir con el deber –a conciencia y eficientemente– no sea una escandalosa excepción.