Phillip Butters y la Inquisición, por Diego Macera

La Gaceta de Gobierno de Lima publicó, en 1811, el decreto que dio pie la libertad de impresión –y eventualmente de prensa y expresión– en el Perú. La iniciativa, que nacía a partir de los resultados de las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz, era para permitir el intercambio de ideas “sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna”. En la práctica, ello significaba el fin del Tribunal de la Santa Inquisición en el Perú y de su censura.

Hoy el veto a la libertad de expresión ha vuelto a entrar en debate ante el despido de Phillip Butters de radio Capital, del grupo RPP. Como se sabe, el señor Butters tuvo declaraciones denigrantes y fuera de lugar durante y después de la marcha del grupo Con mis Hijos no te Metas el sábado pasado. Luego, en medio de una escalada de indignación por estas declaraciones, las empresas que auspiciaban su programa cancelaron la publicidad y radio Capital cortó palitos. 

Ante su “desvinculación contractual”, como la llamó la radio, varias personas se han organizado para protestar por la supuesta censura y atentado contra la libertad de expresión. El hashtag #SinButtersCapitalNoImporta fue tendencia en Twitter, el ex presidente Alan García denunció que era un “acto de intolerancia”, y el mismo señor Butters calificó el hecho de censura. Miles se han solidarizado por el supuesto recorte a la libertad de expresión que ha sufrido el conductor.

La verdad, sin embargo, es que el señor Butters sigue siendo tan libre como la semana pasada de expresar las opiniones que desee. En tanto no incursione en el terreno de las difamaciones o injurias (tema debatible en su caso), el conductor tiene tanto derecho como cualquier otro de decir lo que le plazca cuando le plazca, por más que ofenda a decenas de miles de personas en el camino. De eso trata la libertad de expresión y está bien que así sea.

El asunto de fondo es que el señor Butters y sus seguidores no pueden esperar cabida en un medio de comunicación privado que depende de anunciantes que legítimamente no quieren ya asociarse con él. La libertad de expresión debe convivir sin problemas con la libertad de contratación. 

Algunos suspicaces apuntan que las empresas auspiciadoras y la misma radio han reaccionado solo ante el riesgo del escándalo mediático, pues si hubiese sido una acción motivada en principios y valores corporativos, lo hubieran hecho antes (el señor Butters les ofreció sendas oportunidades para hacerlo durante años). Estas suspicacias pueden ser fundadas, pero importan poco para analizar la supuesta censura. Todos tenemos derecho a opinar, pero nadie tiene derecho a exigir que le paguen por ello. Así de simple.

Otros condenan la acción del grupo RPP porque piensan que el despido será contraproducente y convertirá a Phillip Butters en un mártir de la causa conservadora. Que este es el ataque liberal que faltaba para posicionarlo como candidato viable a la alcaldía o la presidencia. Quizá tengan razón. Pero ni RPP ni sus anunciantes tienen obligación alguna de contratar con alguien en base a este escenario hipotético. Sus obligaciones son con la ley, con los oyentes y con los accionistas. Punto. Si las ideas y el estilo del señor Butters son compartidos por suficientes personas, entonces encontrará fácilmente otro medio masivo que lo acoja. Si no, no.

Esto último reafirma el rol clave que tiene el mercado libre para canalizar las preferencias de la gente, y de paso las utilidades de las empresas que compiten por satisfacerlas. La responsabilidad final de lo que se transmite no es de la radio, de la TV ni de sus anunciantes; es del público. Hoy no hay Santa Inquisición que limite la libertad de expresión, pero el tamaño de tu megáfono para transmitir tus ideas irá en función a la cantidad de gente que quiera escucharte. Y el mercado, qué duda cabe, puede ser en este aspecto más inexorable que el mismo Torquemada.