“Si el Perú ha de crecer nuevamente, las atribuciones de la contraloría deberán ser replanteadas de inmediato.
Hoy todo parece confabularse para engendrar atraso económico”.
“Si el Perú ha de crecer nuevamente, las atribuciones de la contraloría deberán ser replanteadas de inmediato. Hoy todo parece confabularse para engendrar atraso económico”.
Roberto Abusada Salah

Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)

Saludable estructuralmente e institucionalmente enferma. Así se podría definir correctamente al estado actual de la economía peruana.

El Perú cuenta con todo lo necesario para progresar: proyectos, fuerza laboral, empresarios, crédito, baja deuda pública y privada, reservas internacionales enormes e inflación bajo control. Pero junto a todo ello el país parece estar siendo socavado en sus cimientos, víctima de los más arteros ataques de la actual dinámica política. Es de allí de donde proviene la parálisis que hoy aqueja a la economía.

La expresión más notoria de esa situación es la ausencia del más elemental grado de avenencia entre gobierno y oposición. Mientras se exacerban sentimientos de odio, intransigencia, venganza y ‘sangre en el ojo’, languidecen el progreso y el empleo, se acentúa la pobreza y se afinca la desesperanza entre los peruanos más necesitados.


El respiro político que tuvo el gobierno gracias a su manejo de la emergencia por los desastres naturales ha tenido un abrupto final a manos de la oposición en el Congreso. Pero el Ejecutivo tampoco hizo cosa alguna para aprovechar tal respiro y generar una distensión duradera.

El grado de crispación política parece estar llegando a niveles inauditos. En el más reciente episodio, la renuncia del ministro Martín Vizcarra pareció supeditarse al ya anticipado, pobre, contradictorio y equivocado informe de la Contraloría General de la República, que a la postre resultó cargado de indudable tinte político como buscando atizar el conflicto ya existente.

En las decisiones, expresiones y proyectos del contralor Edgar Alarcón se manifiestan el sesgo y la disfuncionalidad a la que ha llevado a su institución. Añadiendo a su error, el contralor, sin motivo ni expresión de causa, interpone denuncias penales a modo de amenaza a todo funcionario del Estado. Tácitamente les dice que no se atrevan a trabajar con normalidad. Los incita implícitamente a no tomar decisiones para ‘no meterse en problemas’.


Enseñoreándose en su pretendida infalibilidad papal, el contralor pretende privar de defensa legal al funcionario en los casos en que sea la contraloría quien imputa culpa. En cambio, sí pide a su auditor que “por amistad” retire las denuncias que a él le hacen. Más aun, ¡tenemos a la cabeza de una institución clave del Estado a un personaje que graba subrepticiamente sus conversaciones con los funcionarios del propio Estado, como se puede concluir de sus intercambios con Thorne y Vizcarra!

Si las revelaciones de corrupción por parte de las constructoras brasileñas y El Niño costero le han restado ya más de dos puntos porcentuales a la tasa de crecimiento de este año, los últimos actos del contralor tendrán un efecto negativo mayor, y sus secuelas perdurarán como un lastre permanente del progreso. Si el Perú ha de crecer nuevamente, las atribuciones de la contraloría deberán ser replanteadas de inmediato.

Hoy todo parece confabularse para engendrar atraso económico. Tenemos a un Ejecutivo que no termina de encontrar una fórmula efectiva de entendimiento con la mayoría congresal que legítimamente ostenta Fuerza Popular, y a un Congreso que ha adoptado un modo frenético de relacionamiento con el Poder Ejecutivo.


La política peruana parece hoy aquejada de un belicoso impulso de destrucción que recuerda aquellas escenas en que un conflicto entre dos parroquianos de una cantina del Lejano Oeste deviene en la destrucción de todo el local. Allí está, por ejemplo, la colaboración que la mayoría parlamentaria ha recibido de otra bancada para derogar el decreto legislativo que pone reglas simples para las expropiaciones imprescindibles para llevar a cabo proyectos de infraestructura de interés nacional. Y no es el único ejemplo, existen al menos dos otros proyectos de ley que parecen diseñados adrede para imponer parálisis económica.

La clase política debe reaccionar y poner fin a este estado de cosas. La ciudadanía está reclamando diálogo y concordancia. Es sabido que la ‘pequeña política’ nutrida por la irresponsabilidad de unos pocos puede traerle al país daños mayores cuando una ciudadanía disgustada regrese a las urnas y vote por algún aventurero que ofrezca soluciones simples y recetas fracasadas.

El presidente Kuczynski es quien tiene que hacer un llamado al diálogo que sea creíble y potente. Un llamado sincero será de seguro apoyado por todos los peruanos. La concordia se impone hoy más que nunca que estamos enfrentados a un enorme esfuerzo de reconstrucción y a la puesta en marcha de reformas impostergables como la electoral, la laboral y la de pensiones, la puesta en vigor de la reforma regulatoria y la urgente revisión del proceso de descentralización.