"Sin embargo, al igual que cualquier empresa responsable, los gobiernos no pueden dejar de funcionar eficientemente cada minuto del día detrás de cada meta". (Ilustración: Giovanni Tazza).
"Sin embargo, al igual que cualquier empresa responsable, los gobiernos no pueden dejar de funcionar eficientemente cada minuto del día detrás de cada meta". (Ilustración: Giovanni Tazza).
Juan Paredes Castro

Analista político

La gran pregunta que corre –entre muchas otras– por debajo de las crisis políticas en Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina y el Perú es: ¿por qué los gobiernos no funcionan como realmente deberían funcionar?

¿No es que son elegidos para trabajar por aceptables metas de libertad, democracia y bienestar?

En estos días trataba de buscar una respuesta a estas preguntas, ante el hecho común de que los países latinoamericanos no solo elegimos casi siempre mal, sino que los elegidos, gobernantes y legisladores, una vez instalados en el poder, no se sienten comprometidos con la calidad y los resultados de sus gestiones.

Los partidos políticos se fijan metas más doctrinarias que de realizaciones concretas. Los presidentes llegan al poder no a conquistar metas sino a perderlas, los ministros generalmente carecen de ellas y son más leales al poder que al servicio que deben prestar y los funcionarios de segunda y tercera, prendidos de los remos populistas de flotación del gobierno, completan la inercia de no poder funcionar realmente.

Poco o nada importa que la política no funcione y que, como la política no funciona, su principal producto, el encumbrado ejercicio del poder, tampoco funciona, y que, siguiendo esta cadena, el Gobierno, el Legislativo y el Poder Judicial, terminan, como instituciones, en lo mismo; en que ninguno funciona y, por un efecto dominó, el país resulta siendo, a la postre, estructural e irremediablemente disfuncional.

Ocurre algo así como una pelea constante de los partidos, de la política, del poder, de los gobiernos y, por supuesto, de la burocracia estatal con el verbo ‘funcionar’; es decir, con eso que resulta para todos ellos demasiado complicado de llevar a la práctica: servir eficientemente al ciudadano, respetarlo y representarlo en sus demandas e intereses, procurarle asistencia, seguridad, oportunidades y, finalmente, bienestar.

Cualquiera sea el modelo político, económico y social que el país escoja y privilegie, cualquiera sea su nivel de desarrollo alcanzado, cualquiera sea su aspiración a corto o mediano plazo de estar en la antesala o en la sala del Primer Mundo –como Chile, por ejemplo–, si el Gobierno no funciona como debe de funcionar, no hay avance en el rumbo deseado. Incluso puede sobrevenir lo que nunca se imaginó: el estallido de la maquinaria con la que se quería correr a 300 kilómetros por hora.

El economista Richard Webb nos recordaba hace poco la proeza española de haber conquistado el Perú en muchos aspectos, menos en su geografía difícil y compleja. Inglaterra se fue de la India dejándole su idioma y sus trenes. España se fue del Perú dejándole su idioma y cero infraestructura. El mundo ha pasado de colonizaciones a descolonizaciones, de menos dictaduras y autocracias a más democracias e igualdad de derechos. Pero los gobiernos, expresiones de la delegación democrática de poder, se turnan en la incompetencia, en sus pobres resultados y en albergar devastadores mecanismos de corrupción.

Vemos desde hace muchos años cómo surgen y acaban los gobiernos latinoamericanos, cómo también surgen, resurgen y acaban las democracias. Vivimos tan intensamente cada comienzo y cada final que parecemos vivir –y, de hecho, vivimos– en prolongadas transiciones. Hay poco tiempo dedicado a la demanda y control de la calidad de los gobiernos, como si esta fuese la llanta de repuesto de la política y del poder.

Hay grandes y pesadas tareas sobre los hombros de los gobiernos, desde reformas profundas hasta luchas sin cuartel contra la criminalidad, pasando por tener que garantizar educación, salud, seguridad y empleo.

Sin embargo, al igual que cualquier empresa responsable, los gobiernos no pueden dejar de funcionar eficientemente cada minuto del día detrás de cada meta, menos dejar acumularse, como bombas de tiempo, descontentos, frustraciones e indignaciones sociales que el poder siempre cree exorcizar con la “vara mágica” del populismo y la demagogia, hasta que un día le estallan violentamente en la cara.

Los gobiernos tienen sus plazos. Los gestores ministeriales, no. Son fusibles, eliminables y reemplazables si no aportan eficiencia y resultados.